Madrid perderá 260 millones de euros al mes tras la caída de las entregas a cuenta del decreto ómnibus

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha alertado de que la Comunidad de Madrid dejará de recibir 260 millones de euros mensuales tras la caída del decreto ómnibus impulsado por el Gobierno central. Esta decisión supone un duro golpe financiero para la región, que ve comprometidos fondos clave para sanidad, educación y servicios sociales.

El decreto, que incluía la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, fue rechazado en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Según ha denunciado Albert, esta parálisis en los pagos es consecuencia directa de la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que supedita las decisiones económicas a la voluntad de los independentistas catalanes.

Un perjuicio económico de más de 1.200 millones para Madrid

La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas por la suspensión de estas entregas a cuenta. Albert ha desglosado el impacto de la medida: 135 millones de euros al mes correspondientes a 2025 y otros 126 millones de 2024, lo que supone un desfase total de 1.280 millones de euros para las arcas madrileñas.

Este retraso en los pagos estatales afecta también a otras regiones como Andalucía y Cataluña, pero ha sido especialmente perjudicial para Madrid debido a su volumen de aportación fiscal. Albert ha señalado que los fondos que legítimamente corresponden a los madrileños se han convertido en moneda de cambio en la negociación entre el Gobierno central y Junts.

"Puigdemont es quien decide los temas fiscales", denuncia la Comunidad

La consejera ha subrayado que la última versión del decreto ómnibus, negociada entre el PSOE y Junts, suprimió la actualización de los pagos a las comunidades autónomas. "Puigdemont ha dicho que todos los temas fiscales quedan fuera", ha denunciado Albert, insinuando que el Gobierno central cede en cuestiones económicas a cambio del apoyo independentista.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que este bloqueo responde a una estrategia de discriminación financiera contra Madrid y ha exigido al Gobierno de Sánchez que garantice los fondos comprometidos para el mantenimiento de los servicios esenciales.