Con 37,4 demandas por cada 100.000 habitantes, Madrid se sitúa por debajo de la media nacional de 42,4 y entre las comunidades con menor tasa de rupturas matrimoniales.
Los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid registraron 2.660 demandas de disolución matrimonial en el primer trimestre de 2026, un 13,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. Así lo reflejan los datos difundidos este miércoles por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El descenso afectó a todas las modalidades de ruptura. Los divorcios no consensuados registraron la caída más pronunciada, con 969 demandas presentadas, un 21,8% menos que en el primer trimestre de 2025. Los divorcios consensuados sumaron 1.607 demandas, un 7,5% menos en comparación con el mismo periodo.
En cuanto a las separaciones, los juzgados madrileños tramitaron 23 demandas de separación no consensuada, un 20,7% menos, y 59 de separación consensuada, una caída del 23,2%. Las demandas de nulidad matrimonial fueron dos, un 33,3% menos que un año antes.
Con 37,4 demandas por cada 100.000 habitantes, Madrid se mantiene por debajo de la media nacional, fijada en 42,4. Solo Castilla y León (36,1), País Vasco (36,7) y La Rioja (37,3) registraron tasas inferiores. En el extremo opuesto, Navarra encabezó la clasificación con 52,4 demandas por cada 100.000 habitantes, seguida de la Comunidad Valenciana (49,6) y Baleares (49,3).
Respecto a los procedimientos posteriores a las rupturas, los juzgados madrileños tramitaron 431 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 5,1% más que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, las modificaciones no consensuadas descendieron un 26,1%, hasta las 890 demandas.
En los procedimientos sobre guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, las modificaciones consensuadas se mantuvieron prácticamente estables, con 664 demandas y un aumento del 0,2%. Las no consensuadas bajaron un 21,9%, hasta los 808 procedimientos. Los datos apuntan a una tendencia general de descenso de la litigiosidad en materia de rupturas matrimoniales en la región durante los primeros meses de 2026, especialmente en los procedimientos que llegan a los tribunales sin acuerdo previo entre las partes.