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La UCO ve irregularidades "premeditadas" en contratos de la cátedra de Begoña Gómez
La Guardia Civil denuncia que servicios de la plataforma Transforma TSC se contrataron sin seguir los procedimientos legales de la Universidad Complutense.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha identificado en su informe al juez Juan Carlos Peinado irregularidades "premeditadas" en los contratos de la cátedra que codirigió Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid. Según los investigadores, algunos de estos acuerdos se realizaron “al margen del procedimiento establecido en la normativa” dentro de la investigación por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
El análisis de la UCO se centra en la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, codirigida por Gómez, y especialmente en la plataforma Transforma TSC. Los investigadores establecen que esta herramienta fue desarrollada con un coste económico directo para la Universidad Complutense de Madrid de 108.765,79 euros, financiado parcialmente por colaboradores de la cátedra que aportaron entre 225.000 y 253.000 euros de manera altruista.
La plataforma fue creada en nombre de la Universidad Complutense de Madrid y puesta gratuitamente a disposición de pymes mediante talleres promocionales y del público general a través de la web transformatsc.org. El juez instructor examina si Begoña Gómez pudo apropiarse de forma irregular de ese software. La Guardia Civil recuerda en su informe la condición de administración pública de la Universidad Complutense de Madrid y, por tanto, su obligación de someterse a la Ley de Contratos del Sector Público en la contratación de servicios vinculados al desarrollo de la plataforma.
Contratos bajo sospecha
La UCO centra parte de su análisis en los pagos realizados por la Universidad Complutense de Madrid a Making Science Group y Deloitte Consulting. Respecto a la primera empresa, los agentes sostienen que su contratación se produjo “sin ni siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto”, pese a que el importe de 20.000 euros sin IVA exigía ese procedimiento. La unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, por lo que el pago fue liberado para evitar un enriquecimiento injusto de la Universidad Complutense de Madrid.
En relación con Deloitte Consulting, la Guardia Civil sostiene que dos expedientes se habrían elaborado como un "mero marco administrativo" destinado a dar apariencia de legalidad a la contratación de los servicios. Según los investigadores, esa contratación se habría realizado nuevamente al margen del procedimiento establecido. Los pagos a Deloitte se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado.
Sin embargo, la UCO afirma que de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones “no solo estaban premeditadas”, sino que la consultora ya habría iniciado sus funciones antes de la adjudicación del primer contrato. El informe añade que la prestación real de los servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos. Los agentes señalan además que los requisitos y condiciones exigidos se habrían ajustado a las condiciones previamente definidas por Deloitte y por la cátedra, incluido el precio.
La UCO apunta también a una posible limitación de la concurrencia. Según el informe, la secuencia analizada permite deducir que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en condiciones que favorecieron a Deloitte frente al resto de licitadores.
La plataforma y los trámites internos
La Guardia Civil sostiene que existen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados. En concreto, afirma que no se identifican elementos que indiquen que, durante el plazo formal de ejecución del segundo expediente, Deloitte desarrollase alguna de las funciones para las que fue contratada.
El desarrollo de la plataforma llevaba aparejados distintos trámites, entre ellos su puesta a disposición de la Universidad Complutense de Madrid y el registro de marcas y dominios. La UCO señala que el órgano interno responsable del proyecto conocía el estado de la herramienta durante el proceso y destaca el papel de Begoña Gómez como directora de la cátedra y principal responsable del proyecto.
Los investigadores indican que Gómez participó en los talleres de difusión y publicidad de la herramienta en la fase final del proceso. También identifican elementos técnicos que apuntan a que el entorno de producción de la plataforma, una vez desarrollado, habría sido puesto a disposición del Servicio de Sistemas de la Universidad Complutense.
En materia de propiedad intelectual, la UCO afirma que no ha identificado elementos que acrediten que los responsables del proyecto siguieran el protocolo establecido por la Universidad Complutense para registrar productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual. Según los agentes, esa competencia recaía sobre la cátedra, cuya dirección era asumida por Gómez.
El informe menciona también otros trámites paralelos, como el registro de la marca creada en el marco de la plataforma y el alta del dominio destinado a albergar el acceso público a la herramienta. La Guardia Civil sostiene que tampoco dispone de elementos que acrediten el cumplimiento del protocolo interno por parte de Gómez y de Blanca de Juan como responsables de la gestión.
La UCO señala que esos dos procesos fueron sufragados con fondos privados. En concreto, los costes cuyo origen se ha podido comprobar fueron pagados con fondos de la esfera personal de Begoña Gómez, a diferencia de otros gastos menores generados en la cátedra, que fueron asumidos con fondos vinculados a ese órgano.
La empresa Transforma TSC
El informe de la Guardia Civil también analiza información bancaria vinculada a Begoña Gómez. La UCO señala que los datos examinados concuerdan con el desarrollo de sus actividades profesionales, dado que las entidades a las que ha estado vinculada figuran entre sus principales pagadores, al margen de otros ingresos derivados de operaciones de inversión.
Los investigadores apuntan a un pago de 3.570 euros realizado el 10 de abril de 2024 desde una cuenta titulada por Begoña Gómez y por la sociedad mercantil Transforma TSC SL en favor de una persona identificada como Sandra Anfaiha. Según la UCO, esta persona estaría vinculada al proyecto de la cátedra, fundamentalmente en su fase final, relacionada con las pruebas funcionales y la difusión.
La Guardia Civil afirma que no es posible precisar con exactitud cuáles eran las aspiraciones comerciales de Transforma TSC SL, cuyo periodo de actividad se extendió desde noviembre de 2023 hasta junio de 2024, tras la apertura del procedimiento judicial. Los agentes recuerdan que la empresa estaba administrada por Begoña Gómez, a quien describen como figura públicamente referente de la plataforma. La sociedad fue constituida cuando el desarrollo de Transforma TSC se encontraba ya en su fase final.
