La Asociación de Fiscales reclama apartar a García Ortiz del nombramiento del fiscal de sala
La Asociación de Fiscales (AF), la más representativa dentro de la carrera fiscal, ha instado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a abstenerse de proponer el nombramiento del nuevo fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, al considerar que concurre un conflicto de interés directo. Esta plaza, de nueva creación, podría tener competencias en relación con el delito de revelación de secretos, precisamente el tipo penal por el que el propio García Ortiz está siendo investigado en el Tribunal Supremo.
En una carta dirigida al fiscal general, remitida la víspera del Pleno del Consejo Fiscal previsto para este martes, la AF advierte de que continuar adelante con la designación “comprometería aún más la imagen de la institución” y pondría “en entredicho su imparcialidad y neutralidad”. La asociación reclama, por tanto, que se elimine del orden del día el punto relativo a esta plaza y subraya que la neutralidad institucional exige que García Ortiz no intervenga en el proceso.
Seis aspirantes y un procedimiento controvertido
El nombramiento en cuestión afecta a una plaza de fiscal de sala que tendrá entre sus funciones fijar criterios interpretativos sobre los delitos contra la administración pública. Entre los seis candidatos figuran el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell y la fiscal decana de delitos económicos en Madrid, Virna Alonso Fernández.
La AF, presidida por Cristina Dexeus, considera que quien resulte propuesto para el cargo podría tener un papel relevante en el desarrollo de criterios interpretativos del delito de revelación de secretos. Aunque tales criterios no constituyan doctrina oficial ni sean jurídicamente vinculantes, sí actúan como guías para los fiscales en el ejercicio de sus funciones.
“No es ético ni estético”
La presidenta de la Asociación de Fiscales insiste en que la participación del fiscal general en este nombramiento es “inadecuada” desde el punto de vista ético e institucional. “No resulta ni ético ni estético que un fiscal general investigado haga la propuesta de nombramiento de esta plaza”, ha afirmado, apelando a la necesaria imparcialidad de las instituciones del Estado.
