El Gobierno amplía la Ley de Memoria y prevé indemnizaciones de hasta 250.000 euros a víctimas del tardofranquismo

El Gobierno amplía la Ley de Memoria y prevé indemnizaciones de hasta 250.000 euros a víctimas del tardofranquismo

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El Pleno del Congreso debatirá este jueves la convalidación del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de marzo que modifica la Ley de Memoria Democrática para incluir a las víctimas de la represión durante el tardofranquismo y ampliar el marco temporal hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978.

La norma, ya en vigor tras su publicación en el BOE, permitirá indemnizar a personas que perdieron la vida o sufrieron lesiones graves en la lucha por las libertades, como es el caso de Manuel José García Caparrós, fallecido por un disparo policial en una manifestación en 1977.

Esta modificación corrige el vacío generado por la Ley de Memoria Democrática de 2022, que dejó fuera a este colectivo tras derogar la Ley de Memoria Histórica de 2007 impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que sí contemplaba indemnizaciones para estas víctimas entre 1968 y 1977.

Con el nuevo decreto, el Ejecutivo amplía el periodo de reconocimiento hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución, e introduce una disposición adicional para dar cobertura a estas víctimas.

Además, se actualizan las cuantías de las indemnizaciones fijadas en 2008. Los familiares de las personas fallecidas podrán recibir hasta 250.000 euros, mientras que las víctimas con lesiones incapacitantes tendrán derecho a 180.000 euros en caso de incapacidad permanente absoluta y hasta 500.000 euros si sufrieron gran invalidez.

Podrán beneficiarse de estas ayudas el cónyuge, los hijos o personas con una relación análoga de afectividad con la víctima y, en su defecto, padres, nietos o hermanos, siempre que no hayan recibido previamente una indemnización por los mismos hechos.

La norma excluye expresamente a miembros o familiares de integrantes de grupos armados terroristas.

La decisión final sobre la continuidad del decreto dependerá del Congreso, que deberá avalarlo o derogarlo en la votación prevista esta semana.