Cerdán recurre su ingreso en prisión y carga contra la fiabilidad de los audios de Koldo

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo en el que reclama su puesta en libertad inmediata, al considerar que su ingreso en prisión provisional se basa en una “causa general” carente de “indicios suficientes”. La medida fue acordada por el magistrado Leopoldo Puente, instructor del conocido como 'caso Koldo', quien lo señaló como presunto cabecilla de una trama de comisiones por obra pública.

La defensa del dirigente socialista sostiene que la decisión judicial vulnera la presunción de inocencia y responde a un enfoque “netamente inquisitivo”, donde el juez habría asumido de forma “acrítica” el informe de la UCO. En su recurso, se denuncia que se pretende “investigar para ver si aparece algún indicio sólido”, lo que, en su opinión, convierte la instrucción en una persecución política, alentada —según alega— por el interés de formaciones como PP, VOX y UPN.

Cerdán niega haber tenido relación con las empresas adjudicatarias investigadas y afirma que no existe rastro alguno de comunicaciones, pagos ni participación suya en los contratos públicos cuestionados. Tampoco, añade, aparece como titular en registros mercantiles ni en la documentación fiscal de la empresa Servinabar, con la que se le intenta vincular a raíz de un contrato privado que, según asegura, fue dejado sin efecto.

El recurso insiste en que el cálculo de un presunto “botín” de cinco millones de euros es, en palabras de la defensa, una “creatividad judicial”, y critica que se haya acordado prisión provisional pese a que Cerdán declaró ante el juez y presentó su declaración de bienes. Sugiere incluso que su encarcelamiento podría buscar forzar una confesión, algo que califica de “tortura indagatoria”.

En cuanto a su supuesto interés por determinadas obras públicas, la defensa alega que se limitaba a ejercer como enlace entre el partido y el Gobierno, con el objetivo de reactivar infraestructuras relevantes en fechas próximas a campañas electorales, como la carretera N-121A en Navarra. Asimismo, rechaza que tuviera capacidad de influencia en adjudicaciones como las del Navarra Arena o la Mina Muga, que atribuye a épocas en que no tenía cargo institucional alguno.

Especial atención dedica el recurso a cuestionar la validez de los audios aportados por Koldo García, exasesor de Ábalos, al señalar defectos en su custodia, ausencia de diligencias judiciales de volcado y manipulación de metadatos. Subraya además el “papel misterioso” de García, al que describe como posible colaborador policial condecorado, lo que en su opinión compromete la fiabilidad de las grabaciones como prueba en un proceso penal.