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La DGT ignora el caos generado por su propia normativa sobre la baliza V-16 y comienza a multar a los conductores
El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha confirmado que los conductores que no utilicen la nueva baliza de preseñalización V-16 ya están siendo sancionados, a pesar de que el propio organismo que dirige retiró la homologación de varios modelos apenas días antes de que su uso pasara a ser obligatorio. “Si tú paras por una avería y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley”, sentenció Navarro esta semana, sin concretar cuándo finalizará el supuesto “periodo de adaptación” prometido por Interior.
Lejos de asumir responsabilidades o mostrar autocrítica, Navarro ha optado por responsabilizar a los conductores de no adaptarse a tiempo a una norma cuya implementación ha estado plagada de improvisaciones, contradicciones y cambios de criterio. A la vez que afirma que el objetivo “no es poner multas, sino salvar vidas”, amenaza con sanciones de 80 euros por no portar una baliza obligatoria desde el 1 de enero, aunque esta pueda haber perdido su validez por una retirada administrativa de última hora.
El caso roza lo absurdo: a escasos días de la entrada en vigor de la norma, la DGT revocó la homologación de varios modelos V-16 por cuestiones meramente administrativas, como la no renovación de licencias por parte de los fabricantes, no por fallos técnicos. Muchos conductores, que adquirieron sus dispositivos en tiempo y forma, se encuentran ahora con balizas inservibles ante la ley, sin previo aviso y bajo amenaza de multa.
Desde el PP se ha registrado una solicitud en el Congreso exigiendo a la DGT que aporte los informes técnicos, jurídicos y económicos que justifiquen la implantación de esta medida como “prioritaria y necesaria”. A día de hoy, no hay transparencia sobre su eficacia, y el supuesto aval científico brilla por su ausencia.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, repite el mantra de que “el objetivo no es sancionar, sino salvar vidas”. No obstante, sus declaraciones chocan con la realidad: se multa desde el primer día, y se hace en un contexto de confusión normativa. Habla de “flexibilidad” por parte de la Guardia Civil y otras policías de tráfico, aunque Navarro ya ha dejado claro que la denuncia está garantizada si no se cumple la norma al pie de la letra.
El propio ministro presume de que España es pionera en imponer esta medida, mientras países como Reino Unido y Luxemburgo han suspendido el uso de los triángulos por considerarlos peligrosos. Argumenta que 25 personas mueren cada año al bajar a colocar los triángulos, y justifica así una norma generalizada que afecta a millones de conductores, sin reparar en los costes ni en los fallos de gestión que acompañan su implantación.
Marlaska defiende la baliza V-16 por sus funciones tecnológicas, como su visibilidad y geolocalización, y asegura que no afecta a la privacidad. Sin embargo, no menciona el control que implica esta conectividad constante con los sistemas de información vial, ni el hecho de que su funcionamiento depende de la fiabilidad de plataformas digitales que pueden fallar o quedar obsoletas.
En paralelo, los fabricantes y distribuidores de balizas homologadas por laboratorios como IDIADA o LCOE no han recibido directrices claras ni plazos suficientes para renovar certificados, generando un caos regulatorio que ahora pagan los ciudadanos. El resultado es que muchos conductores están siendo sancionados por no llevar un dispositivo que, en muchos casos, compraron cumpliendo las reglas, pero que ha sido invalidado sin margen de maniobra.
La Dirección General de Tráfico, bajo el mandato de Navarro, suma así un nuevo episodio de despropósito regulatorio, una muestra más de la desconexión de la alta burocracia estatal con la realidad de los conductores. Mientras tanto, el discurso oficial se escuda en la seguridad vial para justificar decisiones arbitrarias, sanciones automáticas y una gestión opaca que, lejos de proteger, castiga al ciudadano común.
