El Gobierno y las CCAA revisan este lunes el informe sobre la protección del lobo

Las comunidades autónomas esperan que se apruebe el documento que considera al lobo en estado favorable y abre la puerta a su caza.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las comunidades autónomas examinarán este lunes 22 de junio los informes sobre el estado de conservación del lobo en España, en medio de una controversia sobre la posibilidad de autorizar controles letales de la especie.

En juego hay dos documentos contrapuestos: el informe sexenal del Ministerio, que sostiene que el lobo no se encuentra en estado de conservación favorable y por tanto no puede cazarse, y el promovido por Galicia, que defiende la posición opuesta.

La Unión Europea obliga a cada Estado miembro a elaborar informes sexenales para evaluar el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. Para el lobo, esta evaluación se enmarca en la Directiva Hábitats.

El Gobierno contaba con plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para remitir el informe a Bruselas. La Comisión Europea abrió en enero un expediente de infracción contra España por no haberlo presentado a tiempo.

El documento ministerial cifra en 333 manadas de lobos en España, cantidad inferior al umbral de 500 manadas que la Comisión Europea considera necesario para declarar la especie en estado favorable.

Dos visiones enfrentadas

El informe promovido por Galicia fue aprobado el verano anterior en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y cuenta con el respaldo de varias comunidades autónomas que esperan que prospere.

Transición Ecológica rechaza ese documento, considerándolo una "valoración unilateral de las CCAA", y argumenta que carece de validación científica suficiente y no se ajusta a los criterios establecidos por la Comisión Europea.

Las comunidades más activas en esta posición —Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria— reclaman la implementación de controles letales del lobo argumentando un aumento de ataques que dicen haber documentado.

El Ministerio mantiene una postura contraria: sostiene que la especie no ha alcanzado el número mínimo ni la diversidad genética necesaria para un estado de conservación favorable y que, en consecuencia, no pueden autorizarse controles letales.

Organizaciones ecologistas se movilizan

La protección del lobo es un foco de tensión desde su inclusión en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La controversia se agudizó tras la aprobación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuyas disposiciones permiten en la práctica la caza del lobo.

El Defensor del Pueblo ha recurrido varios artículos de esa ley ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado sobre el fondo.

Ecologistas en Acción y WWF han exigido que el informe remitido a Bruselas declare el estado de conservación del lobo como no favorable y han insistido en que la evaluación se base en información científica rigurosa.

WWF ha alertado además de una "creciente presión política" para debilitar la protección del lobo, mientras que Ecologistas en Acción ha reclamado que la decisión se adopte al margen de intereses partidistas y sectoriales.