La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria y detiene a dos personas en Madrid dentro de una causa secreta por organización criminal.
Golpe de la Policía Judicial a una presunta red de corrupción institucional con ramificaciones en la zona centro de la península. La Guardia Civil ha detenido a seis personas —cuatro en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid— como resultado de una macrooperación que mantiene bajo registro la sede del Ayuntamiento de Soria desde primera hora de la mañana de este martes.
Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria, el despliegue policial de la Comandancia soriana incluye la inspección profunda de despachos municipales y el registro de dos domicilios particulares vinculados de forma directa a la trama. Los investigadores tratan de esclarecer la presunta comisión de una batería de delitos graves del Código Penal, entre los que se listan tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
Desde la perspectiva de la fiscalización de los fondos públicos, la transparencia administrativa y el libre conocimiento de los procesos judiciales, las actuaciones se están ejecutando bajo un estricto blindaje legal. Al estar las diligencias **declaradas formalmente secretas por la autoridad judicial**, los portavoces de la investigación han evitado facilitar las identidades de los detenidos en Madrid o el cargo de los empleados públicos investigados en el Consistorio castellanoleonés, aunque el Ejecutivo no descarta que se produzcan nuevos arrestos conforme avancen las horas.
El origen de las detenciones responde a pesquisas que los agentes del Instituto Armado llevaban meses coordinando de manera discreta.
La operación está dirigida de forma directa por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Soria, ejecutándose a instancias directas de la Fiscalía de la Audiencia Provincial. En el plano de la instrucción judicial, las entradas y registros cuentan con el aval y la supervisión del Juzgado de Instancia de Plaza número 3 de la capital, que centralizará la toma de declaración de los investigados madrileños una vez concluyan los volcados de información de los ordenadores intervenidos.