La Fiscalía pide inhabilitar al alcalde de Villamantilla por contratar a su hermana

La Fiscalía pide inhabilitar al alcalde de Villamantilla por contratar a su hermana

El Ministerio Público solicita doce años de inhabilitación para Juan Antonio de la Morena por presunta prevaricación administrativa en la contratación de una educadora

La Fiscalía de Madrid pide doce años de inhabilitación para Juan Antonio de la Morena Doca, alcalde de Villamantilla, por presunta prevaricación administrativa. La acusación sostiene que contrató de forma irregular a su hermana como educadora en la Casita de Niños, una escuela infantil pública del municipio, durante 2019 y 2020.

Según el escrito de acusación, el alcalde habría utilizado su cargo para realizar estos nombramientos sin seguir los procedimientos de contratación pública obligatorios. De esta forma, habría vulnerado los principios de publicidad, transparencia e imparcialidad que rigen los procesos selectivos en la Administración.

La Fiscalía sostiene que Juan Antonio de la Morena era la autoridad competente para efectuar los nombramientos de personal municipal y que, conociendo los procedimientos legales exigidos, habría omitido deliberadamente los trámites obligatorios: la convocatoria pública de la plaza, la fijación de criterios objetivos de selección, la valoración transparente de candidaturas y la emisión de los informes preceptivos.

El primer contrato se produjo en 2019 para cubrir una sustitución por vacaciones. En 2020, la hermana del alcalde fue contratada de nuevo para suplir una baja de larga duración. En ambos casos, la plaza no fue sometida a concurso público, lo que, según la acusación, vulneró los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público.

La Fiscalía considera que los hechos encajan en un delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal. La acusación alega que se dictaron resoluciones presuntamente arbitrarias a sabiendas de su injusticia.

El caso se encuentra en fase de instrucción judicial y la defensa del alcalde tendrá oportunidad de presentar sus alegaciones ante el juzgado competente.