La Policía Nacional desmantela en Parla un piso de explotación sexual y libera a nueve mujeres

Ocho personas han sido detenidas y la investigación, que arrancó en julio, culminó con el registro y la clausura del inmueble el 9 de septiembre.

La Policía Nacional ha liberado a nueve mujeres víctimas de una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha clausurado el piso-prostíbulo ubicado en Parla, en una operación que culminó el 9 de septiembre.

Como presuntos responsables, los agentes han detenido a ocho personas —cuatro hombres y cuatro mujeres— que han pasado a disposición judicial por delitos relacionados con organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, salud pública y favorecimiento de la inmigración clandestina.

La investigación se inició en julio tras las primeras informaciones sobre la existencia de una organización que explotaba sexualmente a mujeres en un inmueble de Parla. Los investigadores identificaron que el control sobre las víctimas lo ejercían cinco personas —dos hombres y tres mujeres— que imponían las condiciones laborales y recurrían a métodos coercitivos para hacer cumplir sus órdenes.

Según la Policía, las víctimas eran captadas mediante falsos anuncios en páginas web que ofrecían empleo como cuidadora de una persona mayor. Una vez en el domicilio, los responsables les retenían el pasaporte y, según un comunicado de la Policía, las coaccionaban y amenazaban para obligarlas a prostituirse.

El piso había sido acondicionado para maximizar los beneficios de la organización y las mujeres vivían hacinadas en una habitación abuardillada sin ventilación, sin condiciones de intimidad. Además, debían permanecer disponibles las 24 horas del día, no podían elegir a sus clientes y se veían forzadas a ofrecer o consumir sustancias estupefacientes.

La Policía indica que otras dos mujeres, prostitutas de confianza de los líderes de la organización, eran las encargadas de suministrar las sustancias para ofrecer y consumir con los clientes.

Las condiciones económicas eran asimismo abusivas: las víctimas no podían elegir a sus clientes y debían abonar diferentes servicios de mantenimiento, entre ellos una cuota de diez euros diarios por la limpieza, además de otros gastos, todo ello establecido mediante un acuerdo verbal que, según los agentes, aprovechaba su situación de vulnerabilidad.

Entre las situaciones recogidas por los investigadores, algunas mujeres tenían que dormir o prestar servicios sexuales en el baño o en la terraza, puesto que tenían prohibido dormir en las camas de trabajo y no había espacio suficiente para todas las personas que vivían y trabajaban en el domicilio.

La operación tuvo su punto final con la entrada y registro del inmueble el 9 de septiembre, momento en el que fueron detenidas cinco personas —tres hombres y dos mujeres—; al día siguiente los agentes localizaron y arrestaron a otras tres personas.

En el registro se intervinieron siete teléfonos móviles utilizados para gestionar las citas, un terminal de punto de venta, 3.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de hachís, marihuana y sildenafil, además de medicamentos y abundante documentación.