El alcalde de Leganés cuestiona la aplicación de la tasa de basuras en 2026

El alcalde de Leganés cuestiona la aplicación de la tasa de basuras en 2026

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha señalado que no está garantizado que el Gobierno municipal aplique en 2026 la tasa de basuras a los vecinos, manteniendo así su rechazo al desarrollo de la nueva ordenanza destinada a regular este tributo.

El Ejecutivo local, integrado por PP y Unión por Leganés, continúa mostrando reticencias ante una medida cuya implantación considera incierta.

En este contexto, el Ayuntamiento constituyó una comisión encargada de realizar análisis jurídicos y técnicos sobre la eventual aplicación de la tasa, aunque, según se ha indicado, todavía no se han recibido conclusiones definitivas que permitan avanzar en la redacción de la ordenanza.

En declaraciones a los medios de comunicación, el regidor ha subrayado que los vecinos no eligieron al actual Gobierno municipal para “imponer una tasa de basuras”, al tiempo que ha recordado los conflictos judiciales que se están produciendo en distintos municipios donde ya se ha puesto en marcha este gravamen.

Recuenco ha explicado que el Consistorio continúa evaluando desde el punto de vista técnico qué tipo de ordenanza podría elaborarse, aunque ha advertido de que no existe un modelo perfecto. En este sentido, ha cuestionado la viabilidad práctica de las fórmulas existentes, al considerar que resulta imposible determinar con precisión cuánto debe pagar cada vecino.

El alcalde ha añadido que la dificultad para realizar una valoración individualizada del pago es un problema que ya se está manifestando en ciudades como Fuenlabrada o Getafe, donde la aplicación de la tasa ha generado complicaciones similares.

Por último, el primer edil ha sostenido que la legislación impulsada por el Gobierno de España está “mal hecha” y no se ajusta a lo previsto por la normativa europea. A su juicio, el Ejecutivo central ha trasladado la responsabilidad a los ayuntamientos, pese a que contaba con la posibilidad de implantar el tributo desde un marco estatal, de forma análoga a otros impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

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