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Pozuelo mantiene el cierre del centro de migrantes por “riesgo cierto de hacinamiento”
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha registrado este martes su escrito de alegaciones ante el juzgado por las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central sobre el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) del municipio.
El Consistorio reitera que en las instalaciones existe un "riesgo cierto de hacinamiento".
El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, presentó el pasado noviembre un recurso contencioso-administrativo y pidió medidas cautelares para frenar el cierre del CREADE de Pozuelo. El Ayuntamiento ordenó esa clausura en septiembre y fijó un plazo de cuatro meses para reubicar a las 400 personas que residían allí.
En su escrito, el Gobierno municipal que encabeza Paloma Tejero (PP) sostiene que el centro —un inmueble cedido por la Seguridad Social (Ministerio) a Migraciones en 2022— incumple "no solo la normativa municipal, sino también la estatal".
El Ayuntamiento insiste en que el edificio dispone de licencia para 270 camas destinadas a estancias breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y "no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo", cifra que, según indica, figura en la documentación aportada por el Ministerio al juzgado.
A juicio del Consistorio, ese escenario supone un "riesgo cierto de hacinamiento". Además, recuerda que la única licencia vigente desde 2013 ya contemplaba la obligación de tramitar una nueva autorización de funcionamiento si se alteraba la actividad.
"Será necesaria la obtención de nueva licencia de funcionamiento cuando se modifique la clase de actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones", se indicaba en este sentido. Con ese argumento, el Ayuntamiento subraya que cualquier modificación y los cambios de titularidad debían comunicarse a la administración local, un trámite que, según remarca, "ha incumplido el Gobierno central".
Desde el equipo de Gobierno de Paloma Tejero señalan que la TGSS cedió el inmueble a Migraciones "para una actividad muy distinta a la original y sin solicitar una nueva licencia". También recuerdan que esa cesión se formalizó en marzo de 2022 "única y exclusivamente" para atender la emergencia derivada de la guerra de Ucrania, tal y como expuso entonces el Ministerio.
Sin embargo, añaden, un año y medio después, en septiembre de 2023, el Gobierno central lo transformó en un centro permanente y de carácter general, "de nuevo sin pedir licencia" y pese a que la atención a solicitantes de asilo de distintos países, por su dimensión y naturaleza, exige —según el Ayuntamiento— instalaciones diferentes y con mayor capacidad que las previstas para una situación puntual.
"El Gobierno central también incumplió así su propio acuerdo por el que adscribió a Migraciones ese edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social solo para la emergencia por la guerra de Ucrania, no para todos los demás casos", han remarcado desde el Ayuntamiento.
En la misma línea, el Ejecutivo local sostiene que a esta situación que califica de "irregular" se añade que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha amenazado en al menos un par de ocasiones con utilizar este mismo centro para acoger a cientos de menores inmigrantes no acompañados".
El plazo y la decisión judicial
El Ayuntamiento concedió al Ministerio cuatro meses para realojar a las personas alojadas en el centro, un periodo que venció el pasado sábado. Durante ese tiempo, denuncia el Consistorio, el departamento que dirige Elma Saiz "no ha hecho nada por regularizar esa situación en la vía administrativa" y se ha limitado a acudir a los tribunales con el recurso contencioso-administrativo y la petición de medidas cautelares para paralizar la orden de cierre.
El Gobierno municipal considera esta actuación una "maniobra" sobre la que ahora deberá pronunciarse el juzgado, que tendrá que decidir "si mantiene abierto ese centro sin licencia". Además, el Ayuntamiento explica que los tiempos judiciales se han extendido más allá de la fecha prevista para el cierre porque el recurso del Ministerio, presentado el 17 de noviembre, "tardó más de un mes en llegar" y se recibió la víspera de Nochebuena, momento desde el que empezó a contar el plazo de alegaciones.
"Cuanto más avanza este Ayuntamiento para que el Gobierno de Sánchez cumpla la ley en nuestra ciudad, más claro queda que no solo la ha incumplido, sino que está empeñado en seguir incumpliéndola con cosas tan temerarias como autorizar que se metan casi 600 personas donde no caben ni la mitad, sin licencia y saltándose todas las normas", ha destacado la alcaldesa de la localidad.
En todo caso, el equipo de Gobierno afirma confiar en que la justicia actúe "ante esta irresponsabilidad. "En cualquier caso, llegaremos hasta donde haga falta para que así sea", ha advertido.
