Pozuelo eleva el pulso con el Gobierno y avisa de acciones penales si se usa para menores un centro sin licencia

La crisis abierta en torno al Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón ha dado un nuevo giro tras el anuncio del Gobierno de su intención de utilizar estas instalaciones para acoger a menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.

La reacción del Ayuntamiento no se ha hecho esperar. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha advertido de que el Consistorio acudirá a la Fiscalía si el Ejecutivo traslada a estos menores a un centro que carece de licencia y sobre el que pesa una orden de cierre con fecha límite del 17 de enero.

El enfrentamiento se produce en un contexto de alta tensión institucional, marcado por una sucesión de resoluciones judiciales y decisiones administrativas que han ido escalando el conflicto entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo. En el trasfondo, la gestión de la inmigración y, en particular, la tutela de menores solicitantes de protección internacional.

El Supremo respalda a Madrid y obliga al Estado a actuar

El detonante inmediato de esta nueva polémica ha sido el auto del Tribunal Supremo que da la razón al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y obliga al Ejecutivo central a garantizar, en un plazo de 30 días, el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de los menores migrantes que se encuentran bajo la tutela de la Comunidad de Madrid y que han solicitado asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo.

El alto tribunal ha sido claro al señalar que estas actuaciones deben desarrollarse bajo el principio del interés superior del menor y ha exigido al Gobierno que informe de las medidas adoptadas una vez concluido el plazo. Los magistrados han rechazado el argumento de que el número reducido de menores en Madrid, entre 38 y 50 según las partes, sea motivo para retrasar su integración en el sistema estatal, subrayando que los derechos que les asisten no dependen de que exista o no una situación de hacinamiento.

La propuesta del Gobierno y el foco en Pozuelo

Tras conocerse el auto, fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones han señalado que el escrito está siendo analizado por la Abogacía del Estado y que el Ministerio prevé ofrecer plazas en el CREADE de Pozuelo para cumplir con lo ordenado por el Supremo, siguiendo un esquema similar al aplicado en Canarias. Una propuesta que ha encendido todas las alarmas en el municipio madrileño.

El centro de Pozuelo se encuentra actualmente en una situación administrativa irregular. En septiembre, el Ayuntamiento dictó una resolución ordenando el cese de la actividad por carecer de los títulos habilitantes necesarios y concedió un plazo de cuatro meses para su clausura y el realojo de las personas allí alojadas. Según el Consistorio, el Ministerio no solicitó licencia alguna ni presentó Recurso judicial dentro de los plazos establecidos, aunque sí recurrió posteriormente el cierre y solicitó medidas cautelares.

La respuesta del Ayuntamiento y la amenaza de acudir a la Fiscalía

La alcaldesa Paloma Tejero ha calificado de “absoluta temeridad y tremenda irresponsabilidad” la intención del Gobierno de incrementar la actividad del centro alojando a menores no acompañados. Desde el Ayuntamiento se insiste en que el CREADE no reúne las condiciones necesarias para acoger a menores, más aún cuando, según datos trasladados por el propio Ejecutivo, en el recinto ya residen más de 125 personas, incluidas familias con adultos y niños.

Tejero ha cuestionado públicamente la idoneidad del centro y ha planteado dudas sobre la convivencia de perfiles tan distintos en un espacio que no está autorizado para ese uso. También ha recordado que el Ayuntamiento ofreció al Ministerio la posibilidad de regularizar la situación del centro y facilitó un margen temporal para el cierre ordenado, sin que, a su juicio, se haya producido avance alguno. “Se exige a los vecinos y a las empresas cumplir la normativa, mientras el propio Gobierno la incumple”, sostienen fuentes municipales.

Ante la posibilidad de que el traslado de menores se lleve a cabo, el Consistorio ha avanzado que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía, al considerar que se estaría actuando al margen de la legalidad y poniendo en riesgo tanto los derechos de los menores como el orden administrativo del municipio.

El conflicto de Pozuelo se suma a otros frentes abiertos entre el Ejecutivo central y administraciones gobernadas por el Partido Popular en materia migratoria. Mientras el Gobierno defiende que actúa guiado por el interés superior del menor y bajo el mandato del Supremo, desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se reprocha una gestión improvisada y una utilización de instalaciones cuestionadas legalmente para resolver un problema que, recuerdan, es competencia del Estado.