La acusación popular pide tres años de prisión para el hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación
La acusación popular en el procedimiento que investiga presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del Presidente del Gobierno, ha solicitado una condena de tres años de prisión por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, reclama además la devolución íntegra de los salarios percibidos por Sánchez durante su paso por la Diputación provincial.
La acusación, encabezada por el sindicato Manos Limpias y a la que se han sumado VOX, el Partido Popular y otras organizaciones, pide a la magistrada instructora, Beatriz Biedma, que dicte auto de apertura de juicio oral. David Sánchez fue contratado como Coordinador de Actividades de la institución provincial, cargo cuya idoneidad y proceso de designación se encuentran ahora bajo escrutinio judicial.
El escrito de acusación también señala al actual presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a quien atribuyen responsabilidad directa en el nombramiento. La acusación solicita para él la misma pena: tres años de prisión y seis años de inhabilitación especial para cargo público, por su presunta participación en la contratación irregular.
Los delitos atribuidos se centran en la posible utilización de un cargo institucional para favorecer de forma indebida a un familiar del presidente del Gobierno, en un procedimiento que, a juicio de los acusadores, habría vulnerado los principios básicos de la función pública.
Además de las penas de prisión e inhabilitación, la acusación popular reclama la devolución de todos los salarios cobrados por David Sánchez durante su etapa en el organismo provincial, al considerar que su nombramiento fue irregular y carente de los requisitos exigidos por la normativa administrativa.
