El Observatorio para la Libertad Religiosa reclama a Igualdad respeto a la libertad religiosa tras expedientar a siete diócesis
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha denunciado que el Ministerio de Igualdad ha abierto un expediente contra siete diócesis españolas, acusándolas de realizar supuestas "terapias de conversión" dirigidas a personas homosexuales. Desde la entidad, se reclama que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, respete la libertad religiosa y cierre el expediente, al considerar que estas actividades no constituyen ninguna forma de coerción, sino conferencias y testimonios ofrecidos de forma voluntaria.
Además, el Observatori ha lanzado una campaña de recogida de firmas para instar al Ministerio de Igualdad a cerrar el expediente contra las siete diócesis y garantizar el respeto a la libertad religiosa. A través de esta iniciativa, buscan reunir apoyos ciudadanos para denunciar lo que consideran un ataque a los derechos fundamentales de la Iglesia Católica en España.
Las diócesis afectadas por esta medida son Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Barcelona, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Málaga. De confirmarse las sanciones, podrían enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros, según las leyes actuales del Gobierno.
El Observatorio considera que esta acción gubernamental refleja un preocupante caso de "credofobia", un término que emplea para referirse a la discriminación hacia creencias religiosas. La organización insiste en que lo ofrecido por estas diócesis se limita al acompañamiento espiritual y pastoral, garantizando siempre el respeto y la libre voluntad de quienes participan.
Desde algunos sectores de la Iglesia católica y asociaciones defensoras de la libertad de conciencia, se señala que esta medida del Gobierno de Pedro Sánchez intenta limitar la capacidad de la institución religiosa para enseñar su doctrina y acompañar espiritualmente a los fieles. En este sentido, argumentan que se está vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa recogido en la Constitución española.
Por otro lado, desde el Ministerio de Igualdad se argumenta que estas acciones buscan proteger a las personas LGTBIQ+ de prácticas que podrían ser consideradas como lesivas para su bienestar. No obstante, las diócesis implicadas niegan cualquier tipo de práctica coercitiva o terapéutica, defendiendo que sus encuentros son espacios de diálogo, reflexión y espiritualidad.
El Observatorio, junto a otros colectivos, ha pedido a la ministra Ana Redondo que cierre el expediente y renuncie a imponer sanciones económicas, subrayando que estas actuaciones vulneran el derecho de las comunidades religiosas a ejercer su libertad de culto sin interferencias indebidas.
