Fátima Matute defiende el apoyo de Madrid a los médicos frente al Estatuto Marco y reclama "transparencia" a Mónica García

La consejera madrileña exige conocer la memoria jurídica, técnica y económica del anteproyecto y respalda los controles sobre los hospitales de gestión privada.

Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha reclamado este jueves en el Pleno de la Asamblea la “memoria jurídica, técnica y económica” del anteproyecto de Estatuto Marco aprobado por el Consejo de Ministros. La consejera ha exigido que el Ministerio de Sanidad actúe con "institucionalidad y transparencia" tras una reforma que mantiene el rechazo de los sindicatos médicos y ha originado nuevas convocatorias de huelga.

La intervención de Matute se produjo durante una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista para examinar los mecanismos de control sobre los hospitales públicos de gestión privada. Sin embargo, la consejera aprovechó para dirigirse al Estatuto Marco y cuestionar la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma que actualiza el marco normativo vigente desde hace dos décadas. El texto es resultado de casi cuatro años de negociación y de un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación: SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF.

El Comité de Huelga de los sindicatos médicos mantiene su rechazo al anteproyecto y prosigue con la convocatoria de una quinta semana de huelga nacional. Matute recordó que se han producido “26 jornadas de huelgas de los médicos” contra el texto y contra la ministra, a quien acusó de haber “montado un lío” con consecuencias directas para los pacientes.

Según la consejera, miles de personas han perdido citas médicas y cirugías programadas a causa del conflicto. También ironizó sobre la ausencia de Mónica García en la rueda de prensa en que se anunció la aprobación del anteproyecto, sugiriendo que sus propios compañeros de Gobierno ya la habrían "apartado".

El respaldo de Madrid a los médicos

Matute sostuvo que la Comunidad de Madrid ha permanecido “desde un inicio al lado de los médicos madrileños” durante todo el conflicto. Según defendió, fueron los primeros en reclamar el reconocimiento de la singularidad profesional de los médicos sin necesidad de "denostar" a otras categorías sanitarias.

La consejera acusó a la izquierda de buscar la confrontación entre profesionales sanitarios y de inclinarse hacia un "guerracivilismo" que, a su juicio, les resulta cómodo. En contraste, reivindicó que el Gobierno regional ha impulsado grupos de trabajo desde febrero para modificar el modelo organizativo del sector.

Entre las medidas anunciadas figuró la no obligatoriedad de las guardias de 24 horas, que según señaló siguen presentes en el Estatuto Marco. Matute también anunció que el Ejecutivo autonómico incrementará la cantidad percibida por hora de guardia, aunque reconoció que la subida inicial puede resultar limitada.

La consejera explicó que la Comunidad de Madrid plantea una mejora plurianual de esas retribuciones porque confía en los médicos madrileños. Asimismo, defendió que el Gobierno regional ha mejorado sus condiciones laborales y ha estabilizado a 34.000 profesionales.

"Apoyo a los médicos madrileños, apoyo su singularidad y apoyo todas las medidas que este Gobierno, con mucho esfuerzo, está tomando precisamente para el mayor tesoro que tenemos, que son estos profesionales sanitarios", afirmó Matute.

La colaboración público-privada en el centro del debate

Respecto al objeto principal de la comparecencia, los mecanismos de control sobre los hospitales públicos de gestión privada, Matute aseguró que la Comunidad de Madrid cumple "escrupulosamente" los contratos existentes. La consejera defendió que la colaboración con centros de gestión indirecta se rige por contratos y convenios singulares reglados, todos ellos anteriores al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Matute recordó que entre 2006 y 2012 se construyeron doce hospitales en la región bajo diversas fórmulas, algunas concesionales limitadas a la construcción, el mantenimiento o servicios no sanitarios específicos. Citó el Hospital Infanta Sofía, el Hospital Infanta Leonor, el Hospital del Sureste y el Hospital Puerta de Hierro.

La consejera defendió que estos centros responden a la necesidad de atender el crecimiento de población en la región y permiten a Madrid contar con un "músculo maravilloso" en materia sanitaria. También señaló que existen hospitales privados y centros con asistencia sanitaria regulada mediante cápita anual y población de referencia.

Matute afirmó que el Ejecutivo regional utiliza “todos los recursos a disposición” para prestar el mejor servicio público. Según defendió, este modelo permite una mejor equidad en el acceso que en comunidades gobernadas por el Partido Socialista y una calidad asistencial situada en los mejores ránquines.

La responsable de Sanidad recordó que la Fundación Jiménez Díaz mantiene convenios desde los años 50, mientras que el Hospital Rey Juan Carlos y el Hospital General de Villalba tienen acuerdos desde 2010, todos anteriores a la llegada de Ayuso a la Presidencia regional.

La consejera subrayó que todos los hospitales de la red pública madrileña cuentan con el mismo control, con titularidad, planificación y supervisión por parte de la Administración. También destacó la existencia de auditorías periódicas, controles económico-financieros y supervisión de facturación, costes y pagos.

Matute señaló que los resultados asistenciales medidos por el Observatorio de Resultados demuestran una “gran calidad clínica”. Además, se refirió a la denuncia presentada por el PSOE ante la Cámara de Cuentas por el Hospital de Torrejón y recordó que la Fiscalía ha pedido su archivo al no apreciar indicios.

Las críticas de la oposición al modelo sanitario

El diputado socialista Carlos Moreno justificó la comparecencia por el aumento de madrileños que recurren a la libre elección sanitaria desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Según sostuvo, los pacientes no utilizan esa opción para buscar una segunda opinión, sino para escapar de las listas de espera de los grandes hospitales públicos y acudir a centros comarcales gestionados por el Grupo Quirón.

Moreno acusó al Gobierno autonómico de conocer los problemas de accesibilidad al sistema sanitario madrileño y las dificultades para conseguir cita. También censuró un modelo que considera de financiación preferente y cómplice con hospitales gestionados por "empresas amigas".

La diputada de Más Madrid Marta Carmona calificó de "aberración" la existencia de hospitales públicos de gestión privada. Afirmó que modernizar la gestión pública no equivale a permitir que empresas privadas gestionen recursos destinados a los pacientes.

Carmona acusó al Gobierno regional de vaciar partidas presupuestarias públicas para destinarlas a Quirón y denunció un modelo que comparó con poner “al zorro cuidando a las gallinas”. También reprochó a la Comunidad de Madrid falta de transparencia y acusó al Partido Popular de favorecer una sanidad pública parasitada por empresas privadas.

La diputada de VOX Raquel Barrero rechazó el "dogma socialista" de que “todo lo privado es sospechoso”. Defendió que los hospitales públicos de gestión privada forman parte de la sanidad pública porque se financian con dinero público, pero exigió controles rigurosos, reglas claras y transparencia en su funcionamiento.

Barrero afirmó que Vox no tiene complejos en defender la colaboración público-privada, siempre que esté sometida a control público. A su juicio, lo relevante para los madrileños es saber quién controla, cómo controla, con qué transparencia se hace y qué consecuencias tiene cada incumplimiento.