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Ayuso denuncia que el Gobierno quiere acabar con la sanidad madrileña limitando la colaboración público-privada
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de España de pretender “acabar” con la sanidad madrileña mediante su intención de limitar la colaboración público-privada, una estrategia que, a su juicio, responde a una “obsesión absoluta” con la región y que podría llevar a una situación de bloqueo y deterioro del sistema sanitario.
Desde la empresa Etrair, en Boadilla del Monte, Díaz Ayuso se ha referido al anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que el Consejo de Ministros prevé aprobar a propuesta del Ministerio de Sanidad. La iniciativa derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, con el objetivo declarado de limitar este modelo y reforzar la gestión pública.
La presidenta madrileña ha asegurado que el Ejecutivo central actúa “amenazando, mintiendo e imponiendo” y ha advertido de que la nueva norma supondría un golpe directo a un sistema que ha demostrado su eficacia. En este sentido, ha señalado que Madrid es una región en constante crecimiento poblacional y con un claro desafío de envejecimiento, por lo que considera irresponsable impulsar cambios que, en su opinión, pondrían en riesgo la atención sanitaria.
Díaz Ayuso se ha preguntado si el objetivo real del Gobierno es acabar con hospitales de referencia como la Fundación Jiménez Díaz y cuestionar la libre elección de los pacientes. También ha aludido a otras comunidades, como Cataluña, donde la colaboración público-privada tiene incluso mayor peso que en Madrid, para evidenciar lo que considera una incoherencia del planteamiento estatal.
La presidenta ha denunciado que el Gobierno va “contra lo que funciona” y trata de “meter miedo” con una propuesta que cree que no prosperará, aunque ha advertido de que el daño político e institucional ya está hecho. Ha reivindicado a Madrid como “una región de libertad, de colaboración público-privada y de excelencia”, defendiendo que las administraciones deben colaborar con empresas y ciudadanos que apuestan por proyectos generadores de empleo y crecimiento.
En este contexto, Díaz Ayuso ha reclamado respeto para la Comunidad de Madrid y para la voluntad de sus ciudadanos, a quienes ha atribuido la capacidad de decidir cómo deben gestionarse la sanidad, la educación, las universidades y el tejido empresarial. Ha subrayado que las empresas que colaboran con la administración no pueden ser tratadas como sospechosas ni cuestionadas desde el poder público.
En la misma línea se ha expresado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha calificado el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad como una “ley anti-Madrid” y ha criticado el “oscurantismo” con el que, según ha denunciado, se ha tramitado la iniciativa. Matute ha afirmado que la Comunidad tuvo conocimiento de la propuesta a través de los medios de comunicación.
Tras una visita a la Casa Renal del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, la consejera ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de actuar más como líder de la oposición madrileña que como responsable del sistema nacional de salud, y de desatender problemas como la huelga de médicos.
Matute ha avanzado que la Comunidad estudiará la articulación del anteproyecto y ha recalcado que la norma no tendrá capacidad de control sobre las concesiones madrileñas. En este sentido, ha defendido el modelo regional en materia de inspecciones, auditorías y transparencia, y ha acusado al Ministerio de intentar ocultar su ineficiencia con medidas que, a su juicio, están causando un grave perjuicio al conjunto del sistema sanitario.
