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Choque en la Asamblea por la gestión y el modelo de las residencias de mayores
La consejera Ana Dávila acusa a la izquierda de despreciar a los profesionales, mientras el PSOE denuncia la falta de derivaciones durante la pandemia.
La sesión de control celebrada este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid ha albergado un enconado debate a cuenta del modelo asistencial en los centros de mayores de la región. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha defendido con vehemencia la labor de los empleados públicos y ha censurado que los partidos de la izquierda pongan en duda la "humanidad" de las plantillas, contrastando esta postura con el "abandono" normativo que sufren los sanitarios por parte del Ejecutivo central.
¿Qué reproches ha lanzado el Gobierno regional a la gestión del PSOE?
Dávila ha respondido con dureza a una pregunta formulada por la diputada del Grupo Socialista, Sara Bonmati, afeando a la oposición su relato sobre los centros sociosanitarios. "Llevan seis años poniendo en duda su profesionalidad y su humanidad. Y mientras esos profesionales se dejaban la piel y se jugaban la vida, el número dos de su partido se dedicaba a organizar fiestas con prostitutas en pleno confinamiento", ha espetado la consejera en referencia al caso Mediador, asegurando que mientras unos salvaban vidas, otros se llenaban los bolsillos.
Desde una perspectiva de optimización de los servicios de proximidad y defensa del capital humano, la consejera ha trasladado su agradecimiento explícito a los 3.200 profesionales sanitarios que ejercen en las residencias públicas madrileñas. Este colectivo se suma a los casi 100.000 trabajadores de la Atención Primaria, hospitales y servicios de geriatría que sostienen el tejido asistencial madrileño y que, según Dávila, sufren el desprecio institucional de la ministra de Sanidad, Mónica García, y el bloqueo de homologación de títulos médicos que lidera el Ministerio de Ciencia.
¿Qué datos de atención y balance médico expone la Comunidad de Madrid?
Para contrarrestar las críticas a la estructura residencial, la Consejería de Asuntos Sociales ha puesto en valor los últimos indicadores asistenciales correspondientes al ejercicio actual. Según los datos oficiales desglosados en sede parlamentaria, la Comunidad de Madrid mantiene operativas 26 Unidades de Geriatría de Enlace en la red de hospitales públicos, reforzadas por 23 Unidades de Atención a Residencias de carácter específico.
Este dispositivo cuenta con un equipo fijo de más de 130 profesionales encargados de dar cobertura diaria a 600 centros residenciales de toda la autonomía. Bajo las premisas de este modelo integrado de salud, los servicios autonómicos **han coordinado más de 400.000 atenciones médicas en lo que va de año 2026**, una estadística con la que el Ejecutivo madrileño avala su estrategia de cuidados crónicos y atención temprana frente a la dispersión de las competencias estatales.
¿Por qué denuncia el PSOE una falta de autocrítica en los protocolos?
Por su parte, la parlamentaria socialista Sara Bonmati ha centrado su réplica en el balance de fallecidos durante los momentos más duros de la crisis sanitaria de 2020, recordando que más de 7.200 personas mayores murieron en las residencias de la región sin recibir un traslado hospitalario adecuado. La diputada del PSOE ha tildado de osadía la firma de los denominados protocolos de no derivación, denunciando que se excluyó de la asistencia médica a los ciudadanos con dependencia severa que carecían de un seguro de cobertura privado.
Bonmati ha afeado la respuesta de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y de la bancada del Partido Popular ante las reclamaciones de las asociaciones de afectados. "Amnistía Internacional lo llama vulneración de derechos fundamentales y las familias lo llaman causa penal", ha sentenciado la diputada, denunciando una presunta **indiferencia institucional y una ausencia total de depuración de responsabilidades** políticas. La izquierda madrileña sostiene que el Gobierno regional continúa ahondando en un modelo privatizado que prioriza el rendimiento mercantil sobre la seguridad de las personas institucionalizadas.
