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La Comunidad de Madrid denuncia que el Gobierno le adeuda 3.000 millones en dependencia y reclama un reparto “justo”
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La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha acusado al Gobierno central de aplicar un criterio “político” en la financiación del sistema de dependencia y ha reiterado la reclamación de 3.000 millones de euros que, según sostiene, el Estado adeuda a la región desde 2018.
Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, Dávila ha denunciado que el Ejecutivo central está privando diariamente a los dependientes madrileños de un millón de euros. “Ayer fue un millón, hoy es un millón y mañana será otro millón”, ha afirmado, en una crítica directa a lo que considera un reparto desigual de los recursos públicos.
La consejera ha subrayado que la Comunidad de Madrid asume la mayor parte del coste del sistema de dependencia, financiando 27 de cada 30 días de atención a una persona dependiente, frente a los tres días que, según sus datos, cubre el Estado. Esta situación, ha recordado, contraviene el principio legal de cofinanciación al 50% entre la Administración central y las comunidades autónomas.
Dávila ha advertido de que no se trata de un problema exclusivo de Madrid, sino de una situación generalizada en la mayoría de territorios, aunque ha señalado que existen excepciones que coinciden con apoyos parlamentarios al Gobierno. En este sentido, ha puesto como ejemplo el País Vasco, donde, según ha indicado, sí se cumple el reparto equitativo de la financiación.
La responsable autonómica ha cuestionado las prioridades del Gobierno de España, al que ha acusado de negar recursos para la dependencia mientras, en paralelo, prevé transferencias millonarias a otras administraciones. “El problema no es técnico, es de prioridades”, ha señalado, denunciando el uso de mecanismos legales urgentes para movilizar fondos en otros ámbitos.
En esta línea, ha defendido que la reclamación de Madrid no responde a un debate territorial, sino a una cuestión de igualdad entre españoles, insistiendo en que los dependientes deben recibir la misma atención con independencia de su lugar de residencia.
Dávila ha recordado que solicitó una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para abordar esta situación, y ha criticado la respuesta recibida, que calificó de insuficiente. Además, ha elevado el tono de sus críticas al asegurar que “no hay mayor acto de corrupción que abandonar a los más vulnerables”.
La consejera ha concluido reclamando al Ejecutivo central el cumplimiento de la ley en materia de financiación de la dependencia, en un contexto de creciente tensión institucional por el reparto de recursos y la sostenibilidad del sistema asistencial.
