La Comunidad de Madrid sopesa emprender acciones legales contra el Gobierno de España tras su negativa a autorizar la repatriación de 86 menores inmigrantes no acompañados, una decisión que el Ejecutivo regional considera perjudicial tanto para los propios jóvenes como para la convivencia.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha trasladado formalmente su malestar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mediante una carta remitida este martes. En ella, advierte de que la negativa del Ejecutivo central, basada en la supuesta falta de garantías en los países de origen, deja sin respuesta una situación que, a su juicio, requiere medidas firmes.
Desde el Gobierno autonómico se sostiene que estos menores presentan perfiles especialmente problemáticos, con conductas conflictivas, consumo de drogas y, en algunos casos, una deriva delictiva que compromete su integración. En este contexto, Dávila alerta de que mantener esta situación podría abocarles a escenarios de exclusión y marginalidad.
La consejera ha calificado la decisión como un abandono de responsabilidades por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al entender que no se están cumpliendo las obligaciones legales en materia de protección y retorno de menores. Además, ha advertido de que la Comunidad de Madrid no permanecerá pasiva si se mantiene este criterio.
El Ejecutivo regional insiste en que la repatriación, cuando se realiza con las debidas garantías, constituye una herramienta adecuada para proteger el interés superior del menor, especialmente cuando existen vínculos familiares en sus países de origen.
Dávila ha señalado que, de persistir la negativa, el Gobierno central deberá asumir las consecuencias derivadas de esta situación. En este sentido, ha avanzado que la Comunidad de Madrid estudiará todas las vías legales a su alcance para exigir responsabilidades y defender sus competencias en esta materia.