Menos de mil trabajadores siguen en ERTE en Madrid tras la pandemia

El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo en la Comunidad de Madrid descendió a 986 al cierre del mes de agosto, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cifra agrupa a los empleados que permanecen acogidos a alguna de las modalidades excepcionales de ERTE puestas en marcha durante la pandemia, aunque en su mayoría se trata ya de prórrogas o transformaciones hacia causas ordinarias.

De los 986 trabajadores registrados, 850 se encuentran incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Este tipo de ERTE, conocido como ETOP, refleja la transición de los mecanismos excepcionales instaurados durante la crisis sanitaria hacia marcos reguladores de carácter estructural. En esta modalidad, el número de hombres afectados asciende a 442, mientras que las mujeres representan 408 de los casos.

Tan solo 136 trabajadores continúan en ERTE por causas de fuerza mayor no vinculadas a la pandemia. De estos, 42 son hombres y 94 mujeres, una distribución que evidencia la especial incidencia de esta figura entre trabajadoras, probablemente debido a la estructura sectorial del empleo femenino en la región.

En cuanto al tipo de afectación, 675 trabajadores están acogidos a un ERTE de carácter total, mientras que los 311 restantes mantienen una suspensión parcial de su actividad laboral. El reparto por sexos es prácticamente equilibrado, con 484 hombres y 502 mujeres.

En el conjunto del país, el número de trabajadores en ERTE al cierre de agosto se situó en 10.268. De ellos, 7.117 lo están por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 2.438 por fuerza mayor y 668 a través del Mecanismo RED específico para el sector del automóvil. Estas cifras constatan el retroceso generalizado de una herramienta que fue clave durante los momentos más críticos de la pandemia y que ahora se mantiene de forma residual en la mayoría de comunidades autónomas.