La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha insistido una vez más en responsabilizar al Gobierno central por la falta de financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la Comunidad de Madrid, un sector que está en huelga indefinida y que se concentrará este sábado en el centro de Madrid tras meses reclamando la actualización de los pliegos de contratación que supondrían la mejora de sus condiciones laborales.
Tras un acto en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (Crecovi) que ha tenido lugar este jueves, la consejera ha trasladado que el Gobierno está haciendo "el tradicional yo invito, tú pagas". "Desde que gobierna Pedro Sánchez, la aportación a la dependencia del Gobierno de España es del 29% en el último año, no alcanzando ese 50% al que se comprometió", ha remarcado. De los 11.522 millones de euros de inversión pública en Atención a la Dependencia en 2023, 3.292 corrieron a cuenta del Gobierno central.
Acerca del nuevo contrato y de la actualización de los pliegos que exigen los sindicatos del SAD, Dávila se ha limitado a reiterar que están "trabajando" en ello y ha asegurado que incorporará las medidas a las que "el Real Decreto del Gobierno", les obliga.
"Hemos trabajado en este pliego que tiene mejoras en la calidad de la atención y que tiene una mejora sustancial económica. Estamos agilizando lo máximo posible para que ese contrato pueda empezar a funcionar a lo largo de este año", ha mencionado, sin especificar ninguna fecha en concreto.
Estas promesas son "insuficientes" para los trabajadores del SAD, un sector formado mayoritariamente por mujeres que lleva meses reclamando una mayor celeridad en la aplicación del nuevo convenio ya firmado a principios de 2024. Por ello, están realizando una huelga indefinida que comenzó este miércoles y han convocado una concentración este sábado a las 12 horas en la Puerta del Sol.
Estas reivindicaciones se suman a las ya realizadas en meses anteriores, con una huelga parcial durante las Navidades y una manifestación a finales de octubre.
Sin la actualización de los pliegos, las empresas no pueden adoptar el nuevo convenio pactado en el que se recoge, entre otras cuestiones, un aumento salarial del 10% en 2025 y del 2% en 2026, una reducción de la jornada laboral de 36 horas semanales a 35 y una mayor seguridad laboral para aquellos trabajadores con contratos temporales.
El SAD cuenta con unos 17.000 trabajadores, según las cifras de UGT, y el salario es cercano a los 1.080 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Los pliegos actuales se aprobaron en 2020 y su duración prevista era de tres años, aunque existe la posibilidad de prorrogarlos hasta cuatro años más, según han esgrimido desde UGT, uno de los sindicatos convocantes de la huelga indefinida. El nuevo convenio tiene una vigencia de cuatro años, desde 2024 a 2028.
La lista de espera para los usuarios del servicio se ha agravado en los últimos meses y acumula ya casi 16.000 personas (unas 9.100 en el municipio de Madrid y unas 6.600 en el resto de la región), según los datos del Portal de Transparencia de la Comunidad actualizados hasta el 30 de noviembre.