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Los albergues juveniles de Madrid se gestionarán de forma público-privada
La Comunidad licita la gestión a empresas especializadas, pero mantiene la titularidad pública de los cuatro centros.
El Gobierno regional ha confirmado que recurrirá a la colaboración público-privada para la gestión de los albergues juveniles madrileños. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, lo anunció este miércoles tras el Consejo de Gobierno celebrado en el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, en medio de la polémica abierta por los sindicatos, que denuncian una "privatización" de estos espacios.
García Martín ha subrayado que los albergues seguirán siendo públicos y que la titularidad permanecerá en poder de la Administración autonómica. El portavoz del Ejecutivo regional ha justificado la medida en los mecanismos contemplados por la Ley de Contratos del Sector Público. "Lógicamente, se van también a utilizar los mecanismos que prevé la propia ley de contratos y se utilizará la colaboración público-privada para su gestión. La titularidad será pública, “seguirán en manos” de la Administración", ha declarado ante los medios.
La iniciativa afecta a cuatro albergues juveniles ubicados en Cercedilla, San Lorenzo de El Escorial y Rascafría. La Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud prevé licitar la gestión para que sea asumida por entidades especializadas en ocio educativo y hostelería, según confirmaron fuentes del Ejecutivo madrileño en las últimas semanas.
Los sindicatos han rechazado esta operación al considerarla una privatización de la gestión de recursos públicos destinados a jóvenes. El Gobierno regional rechaza esa interpretación y defiende que el control de los centros permanecerá bajo supervisión de la Administración autonómica.
El consejero ha insistido en que los albergues “seguirán en manos” de la Consejería y que la empresa privada se encargará de gestionarlos “como en otros muchos ámbitos”. Según ha explicado, el objetivo es mantenerlos disponibles para “todos y cada uno de los jóvenes que los quieran y los puedan utilizar”.
La medida forma parte de la estrategia de la Comunidad para optimizar la gestión de sus equipamientos públicos mediante fórmulas de colaboración con el sector privado, una práctica que el Gobierno regional considera compatible con el mantenimiento de la titularidad y el control público de los servicios.
