El Senado activa el proceso para renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha informado este viernes a la Mesa de la Cámara Alta de la carta enviada por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, en la que se insta a activar el procedimiento de renovación de los magistrados cuyo mandato concluye el próximo mes de diciembre. Con este trámite, se pone en marcha el protocolo para que los grupos parlamentarios inicien las negociaciones correspondientes con vistas a consensuar los cuatro nuevos nombramientos que corresponden a la Cámara Alta.

Según ha confirmado la Presidencia del Senado, Conde-Pumpido envió su misiva durante la última semana de julio. Aunque habitualmente este tipo de comunicaciones se remiten con cuatro meses de antelación, en esta ocasión se ha adelantado ligeramente el aviso debido a que el 17 de agosto, fecha oficial de vencimiento del mandato, es inhábil para el tribunal. El propio presidente del TC figura entre los magistrados que deben ser reemplazados, junto con María Luisa Balaguer —también del sector progresista—, Ricardo Enríquez y José María Macías —ambos del bloque conservador—.

Este último podría continuar en el cargo si así lo decidiera el Senado, ya que fue designado hace apenas un año, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, quien renunció por motivos de salud en 2022. En caso de ser reelegido, podría cumplir un mandato completo de nueve años, tal como prevé la normativa.

La renovación abre un nuevo escenario en el alto tribunal, que actualmente cuenta con una mayoría progresista de siete magistrados frente a cinco conservadores. La salida simultánea de dos miembros de cada bloque podría alterar de nuevo el equilibrio ideológico en función de los acuerdos que se alcancen en el Senado, donde se requiere una mayoría de tres quintos para validar los nombramientos.

La última renovación de este tipo, con la entrada de cuatro nuevos jueces, supuso precisamente el paso de una mayoría conservadora a una clara mayoría progresista. Por ello, el proceso que ahora se inicia es clave para la configuración del futuro del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y de los actos del poder público.

El Tribunal Constitucional está formado por doce magistrados designados por el Rey. Cuatro son propuestos por el Congreso y otros cuatro por el Senado, ambos por mayoría de tres quintos; dos a propuesta del Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. La Constitución establece que los miembros deben ser renovados por tercios cada tres años, y cada uno de ellos desempeña su labor durante un mandato de nueve años.

Además del relevo de los magistrados, la renovación implicará también la elección de un nuevo presidente para el alto tribunal. Conde-Pumpido asumió el cargo en enero de 2023 tras reunir seis de los once votos disponibles, rompiendo con la costumbre no escrita según la cual la Presidencia recaía en el sector mayoritario y la Vicepresidencia en el sector minoritario. En esta ocasión, tanto la Presidencia como la Vicepresidencia —ocupada por Inmaculada Montalbán— fueron asumidas por magistrados del bloque progresista.

Los cuatro magistrados que ahora concluyen su mandato fueron designados en marzo de 2017, aunque su mandato se extiende hasta diciembre de 2025 debido al retraso en su toma de posesión, que se produjo con tres meses de demora respecto a la fecha prevista en diciembre de 2016, cuando expiraba el mandato de sus predecesores.