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El PP acusa al Gobierno de políticas “erradas” tras el informe del FMI sobre la economía española
Alberto Nadal critica la gestión en vivienda, productividad y gasto público tras la rebaja de previsiones de crecimiento.
El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha cargado contra el Gobierno tras la publicación del último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que el organismo señala fallos en la política económica del Ejecutivo en ámbitos clave como la vivienda, la productividad y el gasto público.
El informe del FMI rebaja las previsiones de crecimiento de España hasta el 2,1% del PIB en 2026 y el 1,8% en 2027, en un contexto marcado por la guerra de Irán y el encarecimiento del petróleo. Además, insta a adoptar medidas “contundentes” para afrontar la crisis de vivienda y a impulsar reformas en el mercado laboral y en la productividad.
En este contexto, Nadal ha afirmado que la estrategia del Gobierno “está erosionando el poder adquisitivo” de los ciudadanos a través de los impuestos y de un gasto público que ha calificado de “desaforado”. A su juicio, las políticas actuales no garantizan la mejora de los salarios de las clases medias.
El dirigente popular ha puesto especial énfasis en la vivienda, asegurando que la política del Ejecutivo es “total y absolutamente errada”. En este sentido, ha criticado el control de alquileres y ha defendido que, tal y como apunta el FMI, la solución pasa por aumentar la oferta de vivienda.
“Lo que hay que hacer es aumentar la oferta, justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno”, ha señalado, insistiendo en que la intervención de precios reduce la disponibilidad de viviendas en el mercado.
Asimismo, Nadal ha alertado de los problemas de productividad de la economía española, que considera un factor clave para el crecimiento y el bienestar. Según ha explicado, el exceso de regulación, los altos impuestos y las barreras burocráticas dificultan el desarrollo económico.
Por último, ha advertido de que el FMI también apunta a un exceso de gasto público que, en su opinión, hace a la economía “más vulnerable” y puede poner en riesgo el sistema de pensiones.
