La vicesecretaria del PP defiende el trabajo judicial y policial tras las medidas del juez Peinado contra la esposa del presidente.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha expresado este domingo su "absoluto respeto y respaldo" a los jueces y al Poder Judicial, así como su confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sus declaraciones llegan tras el auto del juez Juan Carlos Peinado que impone medidas a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluida la retirada del pasaporte por posible riesgo de fuga.
Desde Logroño, Gamarra ha señalado que corresponde al Consejo General del Poder Judicial pronunciarse sobre la resolución judicial, respetando ese procedimiento. Simultáneamente, ha querido trasladar un mensaje de apoyo a los agentes de seguridad, considerando "lógico" el malestar expresado por asociaciones policiales ante las afirmaciones recogidas en la resolución.
"Trasladamos nuestro respaldo y nuestra confianza a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha afirmado la dirigente popular, enfatizando así el respaldo de su partido a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Preguntada sobre la reunión urgente del Consejo General del Poder Judicial y la posibilidad de un expediente contra Peinado, Gamarra ha defendido el "máximo respeto" a la separación de poderes y al trabajo del órgano de gobierno de los jueces. La vicesecretaria ha asegurado que el PP no interferirá ni ejercerá presión alguna sobre las decisiones que adopte el CGPJ.
"La alternativa, que es el Partido Popular, lo que muestra siempre es el absoluto respaldo y respeto a nuestros jueces y a nuestro Poder Judicial", ha señalado Gamarra, subrayando así la posición del partido respecto a la independencia judicial.
Respecto a la comparecencia prevista de Pedro Sánchez en el Congreso, Gamarra ha indicado que el auto "avanza todavía más" en la imputación de delitos a la esposa del presidente del Gobierno, ampliando así el alcance de la investigación.
La dirigente popular ha diferenciado entre el procedimiento judicial en curso y las posibles responsabilidades políticas derivadas de los hechos. Ha sostenido que Moncloa se habría convertido presuntamente en un "centro de tráfico de influencias", una acusación que va más allá de los cargos judiciales.
Gamarra ha concluido que el uso de esa condición en beneficio propio debería tener consecuencias en el ámbito político, trasladando así la responsabilidad del caso del terreno judicial al político.