El Congreso debate la ley propuesta por Madrid para que las autonomías no nombren los jueces de los tribunales superiores

El Pleno del Congreso se reunirá para debatir y votar una proposición de ley aprobada previamente por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, a iniciativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta propuesta tiene como objetivo evitar que los Parlamentos autonómicos propongan jueces para los Tribunales Superiores de Justicia de su región.

Se trata de una iniciativa legislativa impulsada por el anterior Ejecutivo regional del PP, liderado por Enrique López en la Consejería de Justicia, y aprobada por la Asamblea de Madrid en febrero de 2023 para su posterior envío al Congreso, ya que implica modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En la legislatura anterior, el texto llegó a la Carrera de San Jerónimo, pero no pudo ser debatido debido a la disolución anticipada de las Cortes. José Virgilio Menéndez Medrano, secretario general del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, será el encargado de defender la propuesta en el Pleno del Congreso. La delegación de la Cámara autonómica no incluye a miembros de la oposición, ni del PSOE ni de Más Madrid, quienes se oponen a la propuesta.

En el marco de las negociaciones del CGPJ

Este debate coincide con las negociaciones en curso entre el Gobierno y el PP, con la mediación de la Comisión Europea, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para estudiar la posibilidad de reformar el sistema de elección de sus doce vocales de la judicatura, con el objetivo de excluir al Congreso y al Senado en línea con la "despolitización de la justicia" que defienden los 'populares'.

La reforma madrileña, que consta únicamente de dos artículos, no aborda el sistema de elección del CGPJ, centrándose exclusivamente en el procedimiento para designar magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

La propuesta plantea que dichas plazas sean ocupadas por "magistrados designados a propuesta del CGPJ, en favor de aquellos que, con al menos diez años de experiencia en la categoría y en el ámbito jurisdiccional civil o penal, demuestren conocimientos especiales en derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma, y ocupen una posición destacada en el escalafón".

Además, elimina del artículo 330 de la LOPJ la disposición actual que establece que dichas designaciones se realizarán "a propuesta en terna de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma".

Promoviendo la apariencia de independencia

Según argumentó en su momento el entonces consejero Enrique López, el objetivo no es solo cambiar el paradigma de la elección de jueces en España, sino también mejorar el ordenamiento constitucional, basado en la separación y el equilibrio de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.

"No se trata simplemente de que los jueces sean independientes, que lo son por supuesto, sino de profundizar en la apariencia de independencia que lograremos al separar lo que nunca debió estar unido", enfatizó.

Con la aprobación de este proyecto de ley, el Gobierno de Díaz Ayuso asegura estar alineado con los principios de la Unión Europea en cuanto a las garantías que el Estado de Derecho debe establecer en relación con las normas dictadas por un legislador nacional y los procedimientos de nombramiento de jueces, para que estos cumplan con los estándares de independencia exigidos en el ordenamiento jurídico comunitario.