El partido registra iniciativas en los parlamentos donde tiene representación y plantea excluir de prestaciones estructurales a los extranjeros en situación irregular
VOX ha registrado este martes una iniciativa en todos los parlamentos donde tiene representación para exigir que el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se rija por el principio de prioridad nacional y por un arraigo "real, duradero y verificable" con el territorio.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha explicado en rueda de prensa que la propuesta busca establecer un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación territorial para acceder a determinadas prestaciones.
La iniciativa también plantea excluir del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a las personas que se encuentren en situación irregular en España.
Millán ha defendido además la derogación o modificación de toda normativa que, a juicio de Vox, dificulte la aplicación efectiva de la prioridad nacional, incluida una eventual modificación de la Ley de Extranjería. Según la portavoz, "los españoles deben ser lo primero" para cualquier Gobierno. Ha acusado al PSOE de abandonar a ciudadanos nacionales por "irresponsabilidad" y "oportunismo".
Vox ha aludido a dos asesinatos recientes ocurridos en Barcelona y atribuidos a extranjeros, que el partido considera silenciados por corrección política. Millán ha reprochado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se pronuncie sobre estos sucesos y que centre su discurso internacional en el control de las redes sociales.
La formación ha acusado al Ejecutivo de fomentar la inseguridad, situarse "del lado del delincuente" y silenciar a las víctimas cuando, según Vox, no puede obtener rédito político.
Millán ha criticado la política migratoria del Gobierno y ha sostenido que España se ha convertido en uno de los principales destinos de inmigración ilegal en Europa por vía aérea, terrestre y marítima.
La portavoz ha afirmado además que los españoles no tienen obligación de asumir el mantenimiento de extranjeros en centros penitenciarios y ha cargado contra la concesión de nacionalidades o permisos de residencia.