Correa, Crespo y otros 18 acusados de Gürtel admiten los hechos para lograr penas reducidas

Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, su mano derecha Pablo Crespo y la mayoría de los procesados han admitido los hechos por los que eran juzgados en la última pieza principal del caso, relativa a delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. En la primera sesión celebrada este lunes en la Audiencia Nacional, la fiscal expuso que 20 de los 25 acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, lo que les permitirá acceder a penas sensiblemente menores.

Esta última pieza de la macrocausa Gürtel gira en torno a la estrategia de ocultación patrimonial y lavado de fondos presuntamente obtenidos mediante adjudicaciones irregulares y comisiones ilegales. Entre 1998 y 2009, Correa habría dirigido una compleja red societaria dedicada a enriquecerse con cargo a fondos públicos, según el escrito de acusación. La red obtenía contratos mediante sobornos a cargos políticos y camuflaba los beneficios a través de facturas falsas, deducciones indebidas y una “Caja B” que servía para generar fondos opacos al margen del circuito económico legal.

La Fiscalía acusa a Correa y Crespo de crear una trama con el objetivo directo de defraudar a la Hacienda Pública, con la colaboración de asesores fiscales y testaferros que elaboraban entramados mercantiles simulados. El objetivo era doble: reducir la carga fiscal mediante gastos simulados y ocultar la identidad real de los titulares de los fondos. Solo en concepto de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio entre 2000 y 2007, el fraude estimado supera los 24 millones de euros.

Antes de alcanzarse el pacto de conformidad, la Fiscalía solicitaba para Correa y Crespo 77 años de prisión. Sin embargo, ambos ya han obtenido el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de sus condenas por otras piezas del caso. Con este nuevo acuerdo, podrán acceder a penas sustancialmente reducidas.

El juez instructor, José de la Mata, había ordenado en 2020 que se sentara en el banquillo a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como a una amplia nómina de empresarios y presuntos testaferros vinculados a Correa. Entre ellos, destacan Isabel Jordán, antigua administradora del Grupo Correa, y varios empleados y gestores de sus empresas. Las responsabilidades pecuniarias previstas para los acusados superan los 199 millones de euros, en línea con los cálculos realizados por Anticorrupción.

El papel de los asesores fiscales ha sido considerado por el juez como absolutamente esencial para la comisión del delito. Ambos diseñaron estructuras opacas y sociedades pantalla con el único propósito de eludir el pago de impuestos. A juicio del magistrado, estas sociedades no tenían actividad real y fueron concebidas desde el inicio como un mecanismo para dar apariencia de legalidad a fondos procedentes de delitos.

La causa incluye delitos de falsedad en documento mercantil, dado que se emitieron facturas por servicios inexistentes, así como blanqueo de capitales mediante operaciones financieras simuladas. Todo ello dirigido por una estructura jerárquica liderada por Correa, con el objetivo último de garantizar su enriquecimiento personal y el de sus colaboradores más cercanos.