El productor Nacho Cano inicia acciones legales por injurias tras un vídeo de una diputada de Más Madrid
El productor musical Nacho Cano ha presentado una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella penal contra la diputada de Más Madrid, Marisa Escalante, por un presunto delito contra el honor tras haber sido calificado como “esclavista” en redes sociales. La acción legal se fundamenta en unas declaraciones realizadas por la parlamentaria autonómica el pasado 8 de mayo, cuando difundió un vídeo en su cuenta de Instagram en el que acusaba directamente al artista de haber contratado inmigrantes irregulares para su espectáculo musical Malinche.
En el vídeo, Escalante afirmaba: “La presidenta del Gobierno regional, donde pone el ojo pone un amigo amante de la libertad. Como la libertad de su amigo Nacho Cano, el esclavista detenido por contratar inmigrantes en situación irregular para su musical Malinche”. Estas palabras han sido consideradas por el entorno del productor como “lesivas, ofensivas y gravemente atentatorias” contra su honor, reputación profesional y dignidad personal.
La diputada hacía referencia en su publicación a la causa judicial en la que se investigó a Cano por supuestamente traer a España a una veintena de becarios de manera irregular para trabajar en su musical. Sin embargo, dicha investigación fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid, que dictó el sobreseimiento provisional al no encontrar indicios suficientes de delito. Pese a la resolución judicial favorable al productor, las manifestaciones públicas de Escalante han continuado circulando en redes sociales.
En su escrito, los letrados de Nacho Cano subrayan que la parlamentaria realizó dichas afirmaciones “a sabiendas” de que existía un auto firme que descartaba la existencia de delito alguno, lo que, a su juicio, agrava el contenido difamatorio de sus declaraciones. En consecuencia, la demanda solicita que la diputada de Más Madrid se retracte públicamente y elimine el vídeo publicado, como condición para evitar la interposición de la querella.
La defensa del artista sostiene que los hechos podrían constituir un delito de calumnias, al atribuir falsamente la comisión de un delito, y/o un delito de injurias graves con publicidad, al haberse difundido a través de una plataforma abierta como es Instagram. El proceso de conciliación es obligatorio antes de iniciar acciones penales en este tipo de delitos, y busca ofrecer la oportunidad a la parte denunciada de rectificar sus palabras y evitar la vía judicial.
La querella podría presentarse en caso de no alcanzarse acuerdo en esta fase preliminar, lo que abriría un nuevo frente jurídico entre el reconocido productor y la formación política Más Madrid, en plena tensión institucional entre el Gobierno regional y la oposición.
