El PP acusa al Gobierno de un reparto “arbitrario y forzoso” de menores migrantes para contentar a Puigdemont
El Partido Popular ha arremetido este lunes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por lo que considera un “proceso ilegal” en el reparto de menores extranjeros no acompañados a las comunidades autónomas.
En declaraciones a los medios, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, ha denunciado que la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia se ha convocado de forma irregular, sin justificación de urgencia y sin contar con las regiones competentes.
Dávila ha señalado directamente al expresidente catalán y prófugo de la justicia Carles Puigdemont como el artífice de los criterios de reparto que el Gobierno pretende imponer, acusando al Ejecutivo de “usar a los menores como moneda de cambio” para mantenerse en el poder con el apoyo del partido Junts. En sus palabras, se trata de un reparto “arbitrario, forzoso y ajeno a cualquier diálogo institucional”.
Según los datos ofrecidos por la consejera, de los 4.000 menores migrantes propuestos para reubicación por el Gobierno central, la mitad —2.000— se asignarían a tres comunidades gobernadas por el PP: Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Dávila ha reprochado que esta decisión se ha adoptado “sin consulta previa” y sin que las comunidades pudieran intervenir en el diseño de un plan común, a pesar de tener la competencia exclusiva en materia de atención a menores.
La consejera ha recordado que varias comunidades del Partido Popular han recurrido ya al Tribunal Constitucional contra el Real Decreto que regula este proceso, y otras están ultimando los trámites. El Ejecutivo autonómico madrileño considera que el texto vulnera el reparto competencial y se ha tramitado al margen del procedimiento ordinario que exige el reglamento. “El Gobierno los trata como paquetes asignados a dedo”, ha lamentado.
Ana Dávila también ha denunciado que el Gobierno sigue sin atender a más de mil menores migrantes que, por orden del Tribunal Supremo, debía haber asumido desde hace tiempo. “Seguimos esperando a que el Ejecutivo central cumpla con su deber”, ha añadido.
Durante la Conferencia Sectorial de este lunes, las comunidades del PP reclamarán al Gobierno que justifique por qué ha recurrido a una vía extraordinaria y urgente, sin haber convocado una sesión ordinaria como exige el reglamento. “Hace casi un mes que se convalidó el Real Decreto en el Congreso y no se ha hecho ningún esfuerzo por el diálogo institucional”, ha subrayado Dávila, insistiendo en que el procedimiento no sólo es cuestionable jurídicamente, sino que desprecia el papel de las autonomías.
