Anticorrupción pide un año de cárcel para 'Tito Berni' por cohecho en una pieza del caso Mediador
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado un año de prisión y la apertura de juicio oral para el exdiputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', acusado de un delito de cohecho en una de las piezas separadas del llamado 'caso Mediador'. El escrito, remitido al Juzgado de Instrucción Número 4, incluye además su inhabilitación mientras dure la condena y la suspensión durante tres años para el ejercicio de empleo o cargo público.
También se han formulado acusaciones contra el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, para quien se piden cuatro años de prisión por estafa y cohecho, así como tres años de inhabilitación. En la misma línea, el empresario Antonio Bautista se enfrenta a una petición de un año de cárcel por cohecho, mientras que Taishet Fuentes, sobrino de Fuentes Curbelo y exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, se enfrenta a cuatro años de prisión por estafa y cohecho, además de la inhabilitación durante tres años para ejercer funciones públicas.
Pagos, favores y falsas promesas con apariencia de poder institucional
Los hechos se remontan al verano de 2020, cuando Antonio Bautista entró en contacto con Navarro Tacoronte. Este se presentaba como un hombre bien relacionado con el Gobierno de Canarias y con influencia en el ámbito público y empresarial del archipiélago. El objetivo del empresario era acceder al mercado canario con su negocio de energía fotovoltaica, y para ello le propusieron ingresar en la Zona Especial Canaria, donde podría beneficiarse de ventajas fiscales, a cambio de pagos económicos y otros obsequios.
La Fiscalía ha documentado pagos de dos mil euros en dos ocasiones, ingresados en las cuentas bancarias de la pareja y la hija del mediador. Según el Ministerio Público, Navarro Tacoronte aseguraba a los empresarios que, gracias a los pagos realizados, obtendrían lucrativos contratos facilitados por los implicados.
Fuentes Curbelo jugó un papel clave en la trama, pues aportaba una imagen de poder y fiabilidad. Llegó incluso a organizar visitas al Congreso de los Diputados con empresarios, para reforzar su supuesta capacidad de influencia en los proyectos promovidos por los miembros de la red.
El general Espinosa Navas replicaba el esquema desde la sede de la Guardia Civil
El mismo método fue replicado por el general de división de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, quien organizaba reuniones con empresarios en dependencias oficiales de Madrid. El 23 de septiembre de 2020, en una de esas citas convocadas por el mediador, Bautista acabó entregando 25.000 euros en concepto de comisiones, comidas y servicios de prostitución para asegurar el respaldo a sus intereses comerciales. Al día siguiente, abonó otros 10.000 euros mediante transferencia a la Asociación Deportiva Tetir, presidida por Fuentes Curbelo.
La aportación al club deportivo formaba parte del modus operandi común en la trama, como vía para canalizar los pagos exigidos a empresarios que esperaban favores institucionales a cambio. Según la Fiscalía, el exdiputado consideraba estas aportaciones como esenciales para ampliar su red de influencia, actuando de manera similar con al menos otros tres empresarios.
La implicación de Taishet Fuentes en el fraude a ganaderos de Fuerteventura
La actuación del sobrino del exdiputado, Taishet Fuentes, se centraba en facilitar los negocios del empresario Bautista en Fuerteventura. De acuerdo con la acusación, seguía las directrices de su tío para organizar encuentros con ganaderos locales y ofrecer la mediación de Navarro Tacoronte en la resolución de problemas administrativos, a cambio de pagos económicos, pese a conocer la imposibilidad legal de resolver dichos expedientes.
Entre los pagos realizados figuran transferencias por Bizum, cenas en Madrid y entregas en efectivo, incluyendo dos pagos de tres mil euros en octubre de 2020 y otros 400 euros en diciembre de 2022. Bautista llegó a presentar hasta cuatro proyectos energéticos a ganaderos de Fuerteventura, mientras tanto Navarro y Taishet les prometían intercesiones ante la Administración para facilitar las gestiones, a sabiendas de que no podrían cumplir lo prometido.
Extorsión velada y cobros sin contraprestación efectiva
En uno de los casos, ofrecieron a un ganadero la reclasificación de su explotación como "sostenible", a cambio de 200.000 euros. El afectado solo abonó 6.000 euros en mano y otros 600 euros sacados de un cajero. Cuando el trámite no avanzó, reclamó al mediador por mensaje que le devolviera el dinero o se vería obligado a denunciar ante la Consejería de Ganadería.
Otro ganadero, que había perdido una subvención, recibió una propuesta de tramitación por 30.000 euros durante una reunión en un hotel, aunque este se negó a pagar. Todo ello forma parte, según Anticorrupción, de un esquema de corrupción institucional orientado a obtener beneficios económicos a través del engaño y la apariencia de influencia pública.
