El TC tumba varios artículos de la reforma de las leyes 'trans' y 'LGTBI' de Madrid y permitirá a menores hormonarse sin informes médicos favorables
El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra ciertos artículos de las reformas de leyes de la Comunidad de Madrid sobre identidad de género y protección contra la 'LGTBIfobia'.
Como resultado, se ha decidido suspender cautelarmente la aplicación de estos preceptos impugnados.
Los recursos del Gobierno se centran en artículos específicos de dos leyes modificadas en diciembre de 2023. En primer lugar, la Ley 17/2023, que modifica la Ley 2/2016 sobre identidad y expresión de género. En segundo lugar, la Ley 18/2023, que modifica la Ley 3/2016 sobre protección integral contra la 'LGTBIfobia'. La suspensión afecta a varios apartados que regulan la atención sanitaria a personas transexuales y a las medidas educativas de apoyo y protección.
Argumentos del gobierno
El Gobierno argumenta que varios artículos de estas leyes vulneran la Constitución. En el caso de la Ley 17/2023, se señalan posibles infracciones de hasta cuatro artículos constitucionales y competencias. Entre los apartados impugnados, se incluyen aquellos que exigen acompañamiento y tratamiento psicológico para menores transexuales y otros que regulan medidas en centros educativos. En la Ley 18/2023, se cuestiona un apartado por su posible contradicción con las competencias estatales sobre legislación procesal y administrativa.
El anuncio del gobierno
El Consejo de Ministros acordó el pasado 25 de junio interponer estos recursos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que las normativas de la Comunidad de Madrid limitan y vulneran los derechos reconocidos en la legislación estatal. Redondo destacó que no se impugnan todas las previsiones de las normativas autonómicas, sino aquellos aspectos considerados anticonstitucionales.
Efectos de la suspensión
La suspensión provisional de estos preceptos implica que las terapias de conversión quedarán absolutamente prohibidas y que los menores que deseen acceder a tratamientos farmacológicos no necesitarán acompañamiento psicológico o psiquiátrico ni informe médico favorable. Además, las organizaciones LGTBI podrán ser consideradas interesadas en procedimientos penales o administrativos sancionadores. Por tanto, el Constitucional da luz verde a que los menores puedan tomar la drástica decisión de cambiar de sexo sin previa evaluación médica.
La decisión de acudir al Tribunal Constitucional se tomó tras haber intentado resolver las diferencias a través de la Comisión Bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. Este recurso busca garantizar que los derechos de las personas trans y LGTBI se ejerzan en igualdad de condiciones en toda España.
El Tribunal Constitucional deberá ahora estudiar el fondo de los recursos presentados para determinar si los artículos impugnados de las leyes madrileñas son inconstitucionales. Mientras tanto, la suspensión cautelar asegura que no se aplicarán las medidas cuestionadas por el Gobierno.
