Proponen llevar a juicio a dos altos cargos por el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada Real
La jueza de Instrucción número 20 de Madrid ha propuesto llevar a juicio a dos altos cargos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid por un presunto delito de prevaricación relacionado con el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada Real en julio de 2022. El afectado había presentado alegaciones demostrando que se trataba de su domicilio habitual.
El auto judicial acuerda continuar el proceso por el procedimiento abreviado contra el jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Julio César S. G., y el excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel G. P. La magistrada ha trasladado a las partes para que formulen la acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
En octubre pasado, el jefe de Disciplina Urbanística admitió ante el juez que comunicó información errónea y que se procedió a la demolición sin más consultas.
El derribo se investiga a raíz de una denuncia de CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales) por posibles delitos de allanamiento de morada, daños, contra la ordenación del territorio y prevaricación. Según CAES, este derribo formaba parte de una "campaña orquestada" por las Administraciones públicas para expulsar a los residentes de la Cañada Real en beneficio de desarrollos urbanísticos.
El auto de la jueza destaca que las incongruencias y contradicciones entre lo declarado por los investigados y la documentación son evidentes y justifican la resolución.
La acusación particular señala que el derribo se autorizó apenas 24 horas después de la comunicación del supuesto abandono de la vivienda, sin verificar su estado. El jefe de Disciplina Urbanística, conocedor del expediente recién iniciado y recurrido, autorizó el derribo que se ejecutó el 19 de julio, solo cinco días después de la declaración de abandono.
El denunciante, un ciudadano marroquí con permiso de trabajo de larga duración, reside en la parcela 203 del Sector 6 de la Cañada Real desde 2004. Su vivienda, con más de 20 años de antigüedad, estaba en situación similar a otras casas antiguas de la zona, cuyos propietarios también reclaman sus derechos adquiridos tras décadas de residencia.
El Ayuntamiento de Madrid abrió un expediente por construcción sin licencia, y el denunciante presentó alegaciones y un recurso. Pese a ello, la demolición se llevó a cabo el 19 de julio de 2022 mientras el denunciante estaba de viaje en Marruecos. Vecinos le informaron por teléfono del derribo, que también afectó a una nave colindante y a construcciones de un huerto cercano.
