La fiscalía de Madrid responsabiliza al fiscal general del Estado por la nota aclaratoria
La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, han declarado ante el magistrado Francisco Goyena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación a la querella presentada por Alberto González Amador contra ellos por un supuesto delito de revelación de secretos. Ambos fiscales han señalado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como responsable de la emisión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid.
Este jueves, ambos fiscales testificaron como investigados. Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos, fue el primero en declarar, respondiendo preguntas durante una hora y diez minutos. Tras una pausa de diez minutos, fue el turno de Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, cuya declaración duró algo más de una hora.
Los fiscales coincidieron en que la orden para emitir la nota, que informaba sobre las comunicaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional y el fiscal en un caso de presunto fraude fiscal, procedía del fiscal general del Estado. Según fuentes jurídicas, obedecieron órdenes en el marco de una institución jerarquizada.
Álvaro García Ortiz asumió públicamente la responsabilidad de la difusión de la nota en un acto institucional el 15 de abril y lo reiteró en un escrito dirigido al TSJM el 10 de mayo, solicitando además que la causa fuera remitida al Tribunal Supremo debido a su condición de aforado.
La Sala Civil y Penal del TSJM rechazó un recurso del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado contra la apertura de diligencias, considerando que existen indicios suficientes para investigar a los fiscales.
El 13 de junio, Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, también testificó ante el magistrado, confirmando que la orden de difundir la nota procedía directamente del fiscal general del Estado. Pese a su objeción inicial por incompatibilidad con el deber de confidencialidad, acató la orden según el artículo 25 del Estatuto Fiscal.
Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que actúa como acusación particular, enfatizó la importancia del secreto profesional en la abogacía. Aunque evitó valorar las declaraciones de los fiscales, destacó la firme posición del Colegio para que las infracciones a la confidencialidad sean abordadas con seriedad.
El magistrado Goyena investiga quiénes fueron los responsables concretos de la decisión de publicar la nota de prensa y el máximo responsable de la carrera fiscal que autorizó su difusión. Ha solicitado la relación y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal con el abogado de Alberto González Amador antes y después de la publicación de la nota.
En el auto de admisión de la querella, la Sala subrayó la necesidad de investigar el alcance de los hechos para cumplir con la finalidad del sumario, conforme al artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que busca determinar todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos, siempre que estos revistan carácter delictivo.
