La carta

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La reciente carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudadanía española, ha suscitado críticas por su aparente violación de principios democráticos fundamentales, como la separación de poderes y la distinción entre lo público y lo privado. En ella, Sánchez parece ignorar estas normas, lo que podría interpretarse como nepotismo y desdén hacia los controles institucionales y mediáticos del poder. Además, su reacción ante una investigación judicial que involucra a su esposa, Begoña Gómez, y posibles repercusiones en el Gobierno, podría influir en el comportamiento electoral en las próximas Elecciones Europeas. Sánchez también ha sido criticado por anticipar resultados judiciales y politizar su defensa, utilizando recursos gubernamentales para apoyar a su esposa, lo que plantea preocupaciones sobre su respeto por la independencia judicial y la imparcialidad institucional.

La nueva carta del presidente del Gobierno a la ciudadanía es un bien elaborado compendio de todos los pecados posibles contra el catecismo democrático. Ninguno de sus artículos de fe queda sin ser atropellado en la letra y el espíritu de este nuevo ataque de contrariedad de Sánchez.


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Por ejemplo, el respeto a la separación de poderes. O a la nítida separación de lo publico y lo privado en el ejercicio de un cargo institucional. Ignorar esos mandatos es incurrir en nepotismo, tentación autocrática, desprecio al adversario político, desdén hacia los elementos de control al poder que el sistema pone en manos de las instituciones parlamentarias (sesiones de control al Gobierno en las que Sánchez suele irse por los cerros de Ubeda) y también en manos de la sociedad (los medios de comunicación, claves en un régimen de opinión pública como el nuestro).

Mal vamos si las reacciones de Pedro Sánchez a una actuación judicial que afecta a su esposa, y eventualmente al Gobierno en caso de demostrarse que hubo tráfico de influencias, no repercute en la voluntad del votante llamado a las urnas del domingo (elecciones europeas). Quiero decir que si los electores no castigan este comportamiento, a la luz de los valores democráticos, es que estamos peor de lo que parecía en nuestra capacidad de enjuiciar el trabajo de nuestros políticos en general y de nuestros gobernantes en particular.

Para gobernantes y gobernados va también un oportuno llamamiento a asumir con normalidad las decisiones judiciales. Es una forma de revalidar la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento del sistema. Todo ello, al margen de que nos gusten o no esas decisiones. En el plano judicial, siempre podrá recurrirse a instancias de mejor criterio. Nadie queda indefenso en ese sentido.

Y esto sirve también para el mismismo presidente del Gobierno cuando, por ejemplo, anticipa una decisión judicial al declarar por carta a los ciudadanos (la segunda en la frente) que la investigación a la que está sometida su esposa solo es un “montaje”. Puede ser. Pero eso no lo decide Sánchez sino el juez. Y no ahora, sino cuando llegue el momento procesal oportuno porque, de momento, Begoña Gómez solo es una “investigada” en fase de “diligencias previas”.

Demasiado para Sánchez, al parecer, porque no ha remitido la tentación de politizar el culebrón. Despacha el asunto con el cansino recurso a una conjura de la derecha-ultraderecha contra él (“capitaneada por Feijóo”, llega a decir temerariamente en la carta), aunque las diligencias judiciales afectan en principio a una persona particular.

Lo cual no ha impedido a Sánchez utilizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros como una plataforma de partido para defender a la militante llamada Begoña Gómez.

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