El alcalde de Villanueva del Pardillo defiende actuar según las normas urbanísticas vigentes y con informes técnicos

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández Navarro, y el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Funes, han defendido este martes haber actuado al frente del Consistorio "bajo el paraguas de lo que prevé las normas urbanísticas vigentes y los informes técnicos pertinentes".

En un comunicado, ambos han asegurado además no tener constancia de la querella interpuesta contra ellos por la Fiscalía de Madrid ante el juzgado decano de San Lorenzo de El Escorial a raíz de una denuncia presentada por dos concejales del Grupo Municipal socialista por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio por el uso de locales como viviendas cuando en realidad solo disponían de licencia para convertirse en despachos profesionales.

"En este Ayuntamiento bajo nuestra legislatura, nunca se ha propiciado, autorizado o consentido ninguna ilegalidad referente a normas urbanísticas, que se está gestionando bajo el paraguas de lo que prevé las normas urbanísticas vigentes y los informes técnicos pertinentes", subrayan el regidor y el edil, ambos del Partido Local de Villanueva del Pardillo.

La querella recuerda que el alcalde, que ejerce dicha función desde el 15 de junio de 2019, asumió las facultades de dirección y organización de la gestión de los asuntos de urbanismo. Así, mediante Decreto de fecha 4 de marzo de 2021, impuso su "ilícito propósito" de incentivar y tolerar, "por la vía de hecho", que, tras las correspondientes licencias de adaptación de locales comerciales a despachos profesionales sin atención al público en el municipio, sus propietarios destinaran tales locales a uso real de vivienda, "sin la preceptiva licencia de primera ocupación que amparara dicho uso, o declaración responsable al efecto".

Según el fiscal, pese a recibir múltiples denuncias de particulares y grupos políticos municipales al respecto, "y pese a la constancia por informes técnicos municipales de la imposibilidad legal de dicha transformación", se decidió no efectuar inspecciones a los locales readaptados como viviendas, "que son preceptivas", ni incoar los preceptivos expedientes de Disciplina Urbanística, tanto sancionadores como de restitución de la legalidad urbanística.

"En este Ayuntamiento, bajo nuestro mandato, aseguramos que se está actuando con toda legalidad y siempre bajo los dictámenes de los informes técnicos y jurídicos", han recalcado al respecto. Así, han precisado que "solo" han continuado "con lo que se ha venido haciendo" en el mismo desde el año 1998 hasta 2019, con más de 400 despachos profesionales.

"Y en particular, en la legislatura de 2015 a 2019 se hicieron en concreto 19 conversiones de locales a despachos profesionales. Legislatura, en la cual, los denunciantes estaban en el equipo de Gobierno y gobernando", han precisado.

En esta línea, han acusado al PSOE local de estar cometiendo "una ignominia" y llevar a cabo un "circo político". Según han explicado, además, han conocido la querella, por los medios de comunicación, sin que ellos de forma personal o el Ayuntamiento hayan recibido notificación alguna de la misma.