La Comunidad cuenta con 6.854 plazas gratuitas en 233 recursos para personas con enfermedad mental grave y duradera

La Comunidad cuenta con 6.854 plazas gratuitas en 233 recursos para personas con enfermedad mental grave y duradera

La Comunidad de Madrid cuenta con una red de 6.854 plazas gratuitas repartidas en 233 recursos para la atención de personas con enfermedad mental grave y duradera, tras sumar este año ocho centros y 185 plazas la Red Pública de Atención Social.


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Durante su visita una de las nuevas residencias con plazas públicas con motivo de la celebración del Día Mundial de la salud mental, que este año tiene por lema 'Hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial', la consejera de Familia, juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha subrayado el firme compromiso del Gobierno Regional con los afectados desde hace años.

Los ocho nuevos centros se dividen en cuatro residencias de 15 plazas cada una (Mirasierra, Avenida de América, Medinamar Simancas San Blas y Belmonte Únicas en Carabanchel), tres centros de rehabilitación laboral, con 30 plazas cada uno (CRL Intress Tetuán, CRL San Miguel Hospitalarias y CRL Fundación Juan XXIII Vicálvaro/Moratalaz) y un centro de rehabilitación psicosocial en Parla, con 35 nuevas plazas.

Dancausa ha recorrido las instalaciones de la residencia Medinamar Simancas, ubicada en San Blas, que empezó a funcionar el 1 de mayo de este año y cuenta con 42 plazas, de las cuales 15 están sostenidas con fondos públicos.

La consejera ha podido intercambiar impresiones tanto con los usuarios como con los profesionales que les atienden, a los que ha agradecido la importante labor que realizan "para que estas personas conserven su autonomía y los lazos sociales, las relaciones y la interacción con su entorno".

La Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera da respuesta a las diferentes necesidades psicosociales, laborales y residenciales de los usuarios y apoya su integración social, siempre en coordinación con los Servicios de Salud Mental y con especial atención y respaldo a las familias. El coste de estos recursos en 2021 ascendió a 72,5 millones de euros.

Dentro de ellos se encuentran los centros de rehabilitación psicosocial, que ofrecen programas individualizados para ayudar a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social, manteniendo la integración de sus usuarios en la comunidad y asesorando a su entorno familiar.

También los Centros de Día de soporte social, que desarrollan programas y actividades para ayudar a quienes presentan mayores dificultades de funcionamiento y aislamiento a alcanzar un mínimo de independencia.

Uno de los aspectos más importantes para que estas personas consigan el mayor grado de autonomía posible pasa por encontrar un trabajo, tarea a la que se dedican los 30 centros de rehabilitación laboral de la Red que ayudan a sus usuarios a aprender o recuperar los hábitos y capacidades necesarias. De las 1.763 personas que pasaron por estas instalaciones en 2021, un total de 1.144 (el 63%) consiguieron trabajo.

En cuanto a los recursos residenciales, las tipologías abarcan desde las residencias, que ofrecen un servicio flexible y polivalente de entre 20 y 30 plazas con supervisión las 24 horas al día, hasta los pisos supervisados --alternativa de alojamiento estable y normalizada para 3 o 4 personas-- o plazas en pensiones para las personas que han alcanzado un buen nivel de autonomía, pero carecen de respaldo familiar y de recursos.

También destaca la labor de los equipos de apoyo social comunitario, una iniciativa puesta en marcha en 2005 para ofrecer atención en el propio domicilio y en el entorno a las personas con mayores dificultades. Su objetivo es mejorar su calidad de vida, la permanencia en la comunidad y su vinculación a la red de atención.

Todos estos centros desarrollan, asimismo , una intensa actividad de sensibilización y lucha contra el estigma que sufren las personas con enfermedad mental, ya que sus patologías son a menudo muy poco conocidas y generan actitudes de rechazo, aislamiento y discriminación que pueden dificultar el ejercicio efectivo de sus derechos y producir sufrimiento a los afectados y sus familias.

Esta labor incluye actividades como la colaboración solidaria con otras personas, la integración normalizada en barrios y municipios, la investigación, la sensibilización en el ámbito educativo, la formación de otros agentes sociales y la participación de los usuarios en iniciativas de deporte, arte y ocio.

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