Interceptadas 22.800 pares de zapatillas falsificadas en tiendas y almacenes de Madrid, Alicante y Barcelona

 Interceptadas 22.800 pares de zapatillas falsificadas en tiendas y almacenes de Madrid, Alicante y Barcelona

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en colaboración con las Patrullas Fiscales Territoriales de las Comandancias de Alicante y Barcelona, han intervenido un total de 22.865

pares de zapatillas presuntamente falsificadas que se encontraban dispuestas para su venta al público y para su distribución en dos almacenes ubicados en un polígono industrial de Fuenlabrada, un almacén en San Adrián de Besos, un almacén en Elche y en once tiendas ubicadas en Madrid, valoradas en 10.403.573 euros.


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La investigación se originó tras la denuncia interpuesta por el representante de una conocida marca de zapatillas, que alertó de la presencia de diversos modelos de estos artículos que se encontraban a la venta en tiendas de una franquicia, las cuales eran falsificadas, ha informado la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.

El análisis de la información que realizaron los integrantes de la Guardia Civil, permitió ubicar varias tiendas y almacenes desde donde se vendían y se encargaban de distribuir la mercancía falsificada, por lo que se estableció un dispositivo conjunto que permitió intervenir en Elche (Alicante) 1.272 pares, en San Adrián de Besos (Barcelona) 4.344 pares, retirando en Madrid 300 pares localizados en once tiendas de la capital y 16.949 pares en dos almacenes de la localidad de Fuenlabrada.

En los puntos de venta reseñados, la Guardia Civil realizó la correspondiente inspección en compañía de los titulares de la marca, que acreditaron que las zapatillas que estaban a la venta eran falsificadas, por lo que se procedió a su retirada.

Tras esta intervención se inició la investigación de los responsables de las tiendas y de los almacenes por un presunto delito contra la propiedad industrial. Además, la Guardia Civil señala la repercusión negativa sobre la imagen de la marca afectada, fraude al consumidor y competencia desleal con las empresas que sí cumplen con las correspondientes normativas.

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