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El Gobierno de España pone un plazo de 11 meses para la ejecución de los programas de realojo de las familias de la Cañada Real

El Gobierno de España pone un plazo de 11 meses para la ejecución de los programas de realojo de las familias de la Cañada Real

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha fijado un plazo de 11 meses para la ejecución de los programas de realojo de las familias más vulnerables de la Cañada Real Galiana, a los que van destinados los 5 millones de euros aprobados este martes por el Gobierno en Consejo de Ministros.

Según establece el Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre, y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y , por el que se regula la concesión directa de estas subvenciones a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, "el plazo de ejecución de los programas de realojo será de once meses a partir de la publicación de la resolución de concesión".

El Real Decreto, firmado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señala que esta partida se ha aprobado para sufragar los gastos a realizar para desarrollar programas de realojo e inclusión social "para familias en situación de especial vulnerabilidad social que residen en los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, por concurrir razones de interés público, social, económico y humanitario, que determinan la improcedencia de su convocatoria pública".

El Real Decreto establece que los gastos directamente relacionados con los programas de realojo e inclusión social en la Cañada Real Galiana, se repartirán de la siguiente manera: Sector 4, en territorio correspondiente a los términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, 30% de los fondos; sector 5, en territorio correspondiente a los términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, 35% de los fondos; y sector 6, en territorio correspondiente al término municipal de Madrid, 35% de los fondos.

En todo caso, precisa que se podrán reconsiderar estos porcentajes si resulta necesario como consecuencia del diagnóstico e identificación de las situaciones de emergencia social por parte de los servicios sociales de ambos ayuntamientos.

Según el Real Decreto, podrán beneficiarse de estos realojos las unidades familiares residentes en la Cañada Real Galiana con anterioridad a 31 de diciembre de 2011, incluidas como tal en el censo, que manifiesten su voluntad de ser realojadas en viviendas en régimen de propiedad o de arrendamiento social, y que se encuentren en situación de riesgo inminente por emergencia social, sanitaria o de seguridad que deba ser atendida de forma perentoria.

También podrán ser incluidos en estos procesos de realojo las familias que hayan fijado su residencia en la Cañada Real con posterioridad al 31 de diciembre de 2011 y se encuentren en situación de riesgo inminente por emergencia social, sanitaria o de seguridad que deba ser atendida de forma perentoria. En ambos casos, las circunstancias deberán ser reconocidas mediante el informe vinculante de los servicios sociales municipales.

Además, el Real Decreto obliga al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid a justificar la realización de las actuaciones desarrolladas de acuerdo a la finalidad de la subvención, a través de una memoria firmada que deberán presentar en el plazo de un mes a contar desde la finalización del período de ejecución de la subvención.

El Ministerio de Derechos Sociales argumenta que estas subvenciones se otorgan ante "la situación de extremada y urgente necesidad" en la Cañada Real que hace necesario "ofrecer soluciones de emergencia a familias en situación de particular precariedad social" cuya "situación de vulnerabilidad se verá intensificada ante la inminente llegada del invierno".

El Gobierno de España había recibido llamadas de atención desde las Naciones Unidas sobre la situación en la Cañada Real. Así, en diciembre de 2020, nueve relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un escrito conjunto, alertaron al Gobierno respecto a la magnitud del problema de exclusión social y de vulneración de derechos básicos que experimentan los habitantes de la Cañada Real Galiana, calificándolo de "catástrofe humanitaria".

Asimismo, el Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, calificó de "verdaderamente irresponsable" dejar a niños sin electricidad durante el invierno.

En concreto, más de 4.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, de los cuales más de 1.800 son niños y niñas, permanecen sin suministro eléctrico desde hace un año y dos meses.