Rollán se alegra de que el TSJM no apoye declarar BIC las cocheras de Metro de Cuatro Caminos

El Gobierno Regional ha celebrado este martes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que avala la decisión de la Comunidad de no declarar Bien de Interés Cultural (BIC) las Cocheras de Metro en Cuatro Caminos, al considerar que no reúnen las características arquitectónicas para ello.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, el vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha aplaudido la resolución del TSJM, que respalda a la Administración madrileña y desestima la petición de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.

"Aquí, ha habido mucha mala intención a la hora de torpedear todas las acciones que se llevaban a cabo no solo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino también desde sus empresas, en este caso Metro de Madrid", ha opinado Rollán.

El portavoz del Gobierno madrileño ha celebrado la resolución del TSJM que "da la razón a los magníficos y extraordinarios técnicos de la Dirección General de Patrimonio Histórico", que a su vez ratifican el planteamiento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre ha respetado el patrimonio histórico, ha resaltado Rollán.

En la pasada legislatura, ha explicado, la compañía Metro de Madrid vendió las Cocheras del suburbano en Cuatro Caminos a una cooperativa formada por 443 familias porque, según los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Histórico, no existía un conjunto arquitectónico que pudiera gozar del reconocimiento de BIC.

Metro de Madrid adoptó esta decisión, dentro de su plan inmobiliario, para obtener unos recursos monetarizando parte de su patrimonio con el fin invertirlo en mejorar las infraestructuras, la accesibilidad, la puntualidad y la plantilla.

Rollán ha apuntado que "lamentablemente hubo una asociación muy próxima a determinada formación política", que no coincidía con esos criterios y que presentó un contencioso con el objetivo de paralizar, suspender y anular esa venta, que permitiría la construcción de 443 viviendas de cooperativistas en el futuro.