Tomás Marcos (Ciudadanos Cs): “El PP no considera la accesibilidad universal como un bien social básico”

Hablamos con Tomás Marcos, senador, diputado y portavoz de Políticas Integrales para la Discapacidad de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, para repasar la actualidad en materia de accesibilidad en la Comunidad.

P. ¿La Comunidad de Madrid aprueba en materia de accesibilidad?

R. Suspende por la falta de accesibilidad universal en espacios y servicios públicos, lo que impide que las personas con discapacidad ejerzan su libertad y disfruten de su derecho a la igualdad de oportunidades. Las políticas del gobierno de Cifuentes son continuistas: el grado de cumplimiento, evaluación y seguimiento de la ley es escaso, tanto en edificios como en espacios públicos, transporte y equipamientos.

El problema, al final, es que el PP no considera la accesibilidad universal como un bien social básico que tiene que ser promovido y protegido. Las barreras a la accesibilidad son la discriminación y exclusión más generalizada que sufren las personas con discapacidad en la Comunidad.

P. ¿A qué problemas se tiene que enfrentar un madrileño con discapacidad en su día a día?

R. El pleno ejercicio de sus derechos fundamentales está supeditado, la mayor parte de las veces, a que puedan acceder a entornos, bienes, productos o servicios, sea esto coger un tren de Cercanías, encontrar un intérprete de signos en un edificio público o solicitar una ayuda a través de una página web.

La accesibilidad universal es la condición imprescindible para el ejercicio básico de su libertad. Por eso, para mejorar su calidad de vida es imprescindible aumentar el nivel de accesibilidad física, sensorial y cognitiva.

P. En comparación con otras comunidades autónomas, ¿en qué lugar está Madrid?

R. El lugar que ocupa Madrid es el mismo que en el resto de comunidades autónomas: el lugar donde las personas con discapacidad, una vez más, se han visto olvidadas y ninguneadas.

No hablamos de estadísticas. Hablamos de derechos fundamentales, de no discriminación, de que las personas con discapacidad tengan una vida independiente y de su plena inclusión social como ciudadanos de pleno derecho.

Esto requiere la implicación de todas las administraciones. Así lo exige la Ley General de Personas con Discapacidad, que fijó el 4 de diciembre de 2017 como fecha límite para alcanzar la accesibilidad universal. Sin embargo, y a pesar de los recordatorios, avisos y denuncias reiteradas de los colectivos del sector, no vamos a cumplir. Hay quien todavía no se da cuenta de que esto es un fracaso como sociedad y como país y de que las administraciones han puesto en evidencia su incapacidad para velar por los derechos de una parte de los ciudadanos.

P. Ciudadanos quiere impulsar un pacto por la accesibilidad. ¿En qué consistirá dicho acuerdo?

R. En Ciudadanos hemos insistido, desde el comienzo de la legislatura, la necesidad de un diseño orientado hacia la diversidad, donde cualquier persona pueda utilizar con seguridad y facilidad los entornos, servicios y productos, tanto físicos como digitales, de forma presencial o no presencial, en igualdad de condiciones. Esto es lo que significa la accesibilidad universal.

Partiendo de ahí, el Pacto por la Accesibilidad Universal es necesario para conocer el estado de la misma en nuestra región y para fijar las propuestas y criterios de actuación para eliminar las barreras y que sea una realidad.

La propuesta que defendemos se complementa con la elaboración de na Libro Blanco sobre Accesibilidad Universal que incluya recomendaciones a proveedores y exigencias técnicas de gran utilidad para los municipios. A todo ello va unida una campaña de comunicación que dé a conocer las ventajas de una sociedad accesible. Además, Ciudadanos ha impulsado una enmienda a los presupuestos de 2018 de 5 millones de euros para incluir, por primera vez, un programa específico denominado ‘Accesibilidad desde la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras’.

P. Hace unos días presentaron una enmienda a los presupuestos para destinar ocho millones para la discapacidad intelectual que el Partido Popular ha tachado de “oportunista” y “mutante”. ¿Por qué es importante la enmienda? ¿Estará incluida en los presupuestos de 2018?

R. Lo único que deja el PP en evidencia con esos insultos es su falta de sensibilidad y de conocimiento de la realidad que viven las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, que cargan con sobrecostes anuales de hasta 24.000 euros en cuidados personales respecto al resto de los madrileños.

Se trata de una enmienda vital y muy oportuna, precisamente, para sacar a las entidades del sector de los números rojos a los que les ha llevado los recortes del PP.

La mayoría de estas entidades, federadas en Plena Inclusión Madrid, cuentan con una base familiar y sin ánimo de lucro. Son 109 asociaciones y fundaciones que gestionan más de 350 centros y servicios de atención en los que trabajan más de 4.600 profesionales y colaboran hasta 2.700 voluntarios, una red que, sin esta enmienda, va a empezar a desaparecer.

P. ¿Qué medidas tendrá que tomar, a corto y medio plazo, la Comunidad de Madrid para cumplir con la Ley de cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación que entrará en vigor el 4 de diciembre?

R. A corto plazo, es muy probable que la Comunidad de Madrid reciba demandas judiciales por la falta de accesibilidad. Esto va a exigir la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias. Afrontar estas sanciones por incumplimiento será, por tanto, lo primero que hay que hacer para encarar el problema de una vez.

P. ¿Qué papel tendrán los municipios de la Comunidad de Madrid en el Pacto por la Accesibilidad Universal que propondrá Ciudadanos en la Asamblea?

R. Un papel fundamental. El objetivo es que el Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras de la Comunidad de Madrid coordine el informe sobre el estado de la accesibilidad universal y, por tanto, dictamine las necesidades de los municipios. Por otro lado, los ayuntamientos van a ser imprescindibles para que el desarrollo del Libro Blanco sobre la Accesibilidad Universal consiga que la supresión de las barreras sea una realidad en toda la región.