El Supremo procesa al fiscal general por revelación de secretos contra la pareja de Ayuso

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con el procedimiento abierto contra Alberto González Amador, pareja de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

La resolución se produce ocho meses después de que el alto tribunal asumiera la causa, que en un primer momento fue instruida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En su origen, la investigación se centró en la nota de prensa emitida por la Fiscalía General el pasado 14 de marzo, en la que se detallaba el intercambio de correos entre el abogado defensor de González Amador y el fiscal encargado de la causa, Julián Salto. Aquel comunicado desató una fuerte polémica por hacer públicos datos confidenciales del procedimiento en curso.

Aunque en un primer momento el Supremo descartó que la nota de prensa en sí constituyera un delito, el magistrado instructor ha ampliado progresivamente el ámbito de la investigación. El procesamiento incluye ahora también las filtraciones a medios de comunicación sobre las diligencias fiscales contra González Amador por presunto fraude, así como la divulgación de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa del empresario, en el que se mostraba dispuesto a reconocer los hechos a cambio de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

Estos elementos, según el magistrado, podrían constituir una vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de un ciudadano inmerso en un procedimiento en fase previa. Por ello, se considera que existen indicios suficientes para procesar al fiscal general por revelación de secretos, figura delictiva tipificada en el Código Penal cuando la difusión de información reservada se realiza desde un cargo público con acceso privilegiado.

La decisión judicial agrava la crisis institucional derivada del caso, en el que el Ejecutivo autonómico madrileño ha denunciado de forma reiterada una campaña política contra Ayuso a través de filtraciones y acusaciones mediáticas. La presidenta regional ha sostenido desde el inicio que la causa contra su pareja responde a motivaciones políticas y que se está vulnerando su derecho a la intimidad y a la defensa.