El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha señalado este jueves que "no es suficiente" la actual regulación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) por lo que se modificará el reglamento para "simplificar" los trámites burocráticos para solicitar la prestación.
En la sesión de control del pleno de la Asamblea, Reyero ha respondido así a una pregunta sobre esta materia de la diputada socialista Purificación Causapié, que ha acusado al Gobierno madrileño de "expulsar progresivamente" a las familias sin que se haya producido un cambio normativo, dejando a más de 8.000 familias desde 2017 sin prestación.
Reyero ha reconocido que la situación es "insatisfactoria", por lo que el objetivo es lograr una prestación "centrada en la persona" para atender las diferentes necesidades de las familias, atendiendo a las peticiones del Defensor del Pueblo y de la sociedad civil.
El Gobierno regional está impulsando la "transparencia" en la gestión de la RMI, ha explicado Reyero, publicando mensualmente la concesión de las ayudas en la página web de la Comunidad de Madrid.
También trabaja en reforzar la colaboración entre los servicios sociales y de empleo para "facilitar la transición" entre la percepción de la RMI y la de desempleo "para que las interrupciones prolongadas en la prestación no sean obstáculo para aceptar un empleo".
No obstante, ha dicho el consejero, están "a la espera" de conocer cómo el Gobierno de la nación va a "concretar" el proyecto anunciado de Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social.
"Necesitamos cambios en las formas de trabajar para aliviar la carga de papel y hacer una gestión más cercana con las personas", ha sostenido Reyero, que ha respondido a la parlamentaria socialista que para hacer estos cambios normativos "no es necesario presupuestos".
Por su parte, Causapié ha denunciado que "solo 1 de cada 4 solicitudes" de la Renta Mínima de Inserción se resuelven favorablemente "cuando antes eran dos", y se está extinguiendo el derecho a la prestación "sin motivos claros", lo que ha propiciado al Defensor del Pueblo a reprender a la Comunidad por esas suspensiones.
En esta línea, la diputada del PSOE ha recordado que la Consejería argumentó que muchas de las familias no reunían los requisitos "porque había mejorado el empleo", pero después rectificó y reconoció que había "problemas" en la gestión de las solicitudes.
Desde el PSOE creen que es necesario hacer un cambio normativo que garantice el acceso a la RMI, y han emplazado al Gobierno madrileño a que elabore un proyecto de presupuestos "pensados desde la justicia social".