La presidenta de la Asamblea pide un informe jurídico de la comisión de corrupción

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ha pedido a los servicios jurídicos de la Cámara un informe para analizar las garantías de la comisión de investigación de corrupción, en contra del criterio de los grupos de la oposición, que han llegado a criticar el "uso partidista" de su cargo.

El grupo parlamentario del PP pidió este informe a la Mesa de la Asamblea después de que un juzgado declarara nula la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, que pretendía analizar la gestión municipal entre los años 2003 y 2015.

La Mesa de la Asamblea abordó esta solicitud en su reunión de ayer, en la que los miembros de los tres grupos de la oposición (PSOE-M, Podemos y Ciudadanos) se manifestaron en contra.

Pese a ello, la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados (PP), decidió encargar este informe a los servicios jurídicos de la Cámara haciendo uso de la potestad que el reglamento de la Asamblea otorga a los órganos parlamentarios para hacer este tipo de consultas en caso de duda.

"Es utilizar de forma partidista un cargo de presidenta de la Asamblea de Madrid para bloquear una comisión que tiene una perfecta legitimidad, que está dando resultados", ha comentado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Aguado ha criticado la "obsesión del PP de intentar tumbar la comisión de investigación" que preside su grupo y que ya lleva quince meses analizando casos de corrupción ocurridos en las dos últimas legislaturas.

"El PP está obsesionado por tapar la corrupción, por sellar las fosas sépticas, por no conocer la verdad y nos en Ciudadanos estamos obsesionados por conocer la verdad", ha apuntado.

Aguado ha defendido que esta comisión esté siendo una "herramienta útil para entender lo que pasó en la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre e Ignacio González" y ha abogado por seguir con ella "al menos esta legislatura".

En la misma línea, el portavoz adjunto de Podemos, Marco Candela, ha afeado a la presidenta de la Asamblea que haya hecho "uso de su facultad en contra del criterio mayoritario de la mayoría de la Mesa" al solicitar un informe sobre la validez jurídica de la comisión.

"No es tolerable (...) que haga uso de ese cargo institucional para intentar una impugnación de la transparencia, de una función que es clave en democracia y en cualquier sistema parlamentario, que el órgano legislativo haga rendir cuentas y fiscalice la actividad del ejecutivo", ha señalado.

Candela ha asegurado que la comisión de investigación de corrupción es "perfectamente legal, reglamentaria y necesaria" y ha sostenido que si el PP tiene dudas de si legalidad, debería haber encargado un informe a un bufete de abogados en lugar de hacer uso de los "recursos de todos".

Desde el PSOE-M, su portavoz, Ángel Gabilondo, ha rehusado calificar de partidista la actuación de Adrados al indicar que tiene un "rango institucional" y que es "la presidenta de todos".

"Trabajará supongo en defensa de lo que le parece más legítimo", ha declarado.

En este sentido, ha explicado que los socialistas no cuestionan la solicitud de este informe por parte la presidenta de la Asamblea, al tener la "capacidad legal" para hacerlo, pero sí el momento elegido.

"Hubiera sido interesante que se planteara en el momento de constitución de la comisión", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que ve "erróneo" relacionar las dos comisiones, ya que "la normativa aplicable es distinta".

El portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha afirmado que su grupo ha tenido una "posición muy prudente" desde la constitución de la comisión de investigación, cuando se abstuvieron.

"No nos importa en absoluto que se investigue el pasado, pero queremos que se haga bien y sin riesgo para nadie", ha comentado.

Asimismo, ha insistido en que su grupo no ha pedido que la comisión "se paralizara, dejara de trabajar o se recurriese", sino que quieren "asegurar que todo se está haciendo legalmente" para "garantizar" los derechos de los comparecientes, que están obligados a asistir.

Ossorio considera que los grupos de la oposición se han negado a solicitar un informe jurídico porque tienen "pánico" sobre el futuro de una comisión que, en su opinión, han tratado "de forma muy frívola" y como "una especie de juguetito".