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Dávila califica de "inconstitucional" el decreto de reparto de menores migrantes
La Comunidad de Madrid ha calificado de "ilegal e inconstitucional" el real decreto impulsado por el Gobierno central para regular la reubicación y el traslado de menores migrantes no acompañados en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Así lo ha expresado este viernes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, antes de participar en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en la sede del Ministerio de Derechos Sociales.
Según ha detallado Dávila, los servicios jurídicos de once comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha, coinciden en considerar que el texto vulnera el marco constitucional. Estas regiones, que representan al 70% de la población española, han elevado ya su posición ante el Tribunal Constitucional para frenar la aplicación del decreto.
La consejera madrileña ha presentado una "enmienda a la totalidad", rechazando de plano un modelo que, en sus palabras, pretende "trasladar a menores como si fueran paquetes", sin un verdadero enfoque de protección. Frente a esto, ha defendido la postura de la Comunidad de Madrid, partidaria de una coordinación real entre autonomías, basada en el principio de solidaridad, pero respetando las competencias y capacidades de cada territorio.
Dávila ha recordado que Madrid atiende ya a más de 2.400 menores, cifra que tensiona al máximo los recursos disponibles. "Llevamos meses advirtiendo del colapso de los centros de protección, una situación que el Gobierno central ha ignorado por completo", ha señalado. La consejera ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de desentenderse de sus responsabilidades en política migratoria y de poner en riesgo la protección de los menores al no asumir una estrategia nacional coordinada entre los ministerios competentes.
Durante su intervención, ha cuestionado la utilidad del Ministerio de Infancia, considerando que su existencia obedece únicamente a razones políticas. Ha acusado directamente al Presidente del Gobierno de utilizar esta crisis para mantenerse en el poder, beneficiando no solo a sus socios parlamentarios, como Carles Puigdemont, sino también, según sus palabras, a "las mafias" que trafican con seres humanos.
En la reunión, además del debate sobre el real decreto, se ha abordado la distribución de un crédito extraordinario de 22 millones de euros entre Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, como respuesta a la presión migratoria en estos territorios.
