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El Gobierno madrileño recurrirá la orden judicial sobre el registro de objetores al aborto
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este martes que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aún no ha entrado “en el fondo” del asunto sobre la creación de un registro de médicos objetores de conciencia al aborto. El portavoz del Gobierno regional ha acusado además a la ministra de Sanidad, Mónica García, de difundir “mentiras” sobre la situación de este servicio en la región.
Las declaraciones se han producido desde el espacio de homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha, un día después de que el TSJM acordara una medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad para que la Comunidad de Madrid inicie los trámites de creación de dicho registro.
Críticas del Gobierno madrileño a la ministra de Sanidad
García Martín ha insistido en que la resolución judicial no supone todavía un pronunciamiento definitivo sobre la obligación de implantar el registro. Según ha explicado, el tribunal se ha limitado a ordenar el inicio de los trámites mientras se resuelve el fondo del litigio.
El consejero ha criticado que la ministra esté trasladando, a su juicio, una imagen equivocada de la situación en la Comunidad de Madrid. “No dejemos que la ministra con sus mentiras pueda hacer pensar a los ciudadanos que en Madrid no se garantiza ese servicio de interrupción voluntaria del embarazo”, ha afirmado.
Además, ha señalado que el propio Ministerio de Sanidad no estaría garantizando plenamente este derecho en otros territorios, como Ceuta y Melilla, donde se recurre a centros privados para realizar estas intervenciones.
El recurso de la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional ha confirmado que recurrirá la medida cautelar adoptada por el TSJM. La Abogacía de la Comunidad de Madrid ya está estudiando el recurso que presentará ante el tribunal.
Según el consejero, el principal argumento de la Comunidad será que actualmente se garantizan tanto el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia como el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los supuestos legales.
García Martín ha defendido además la capacidad de autoorganización del sistema sanitario madrileño, amparada por el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente, para compatibilizar ambos derechos.
La consejera de Sanidad habla de “debate estéril”
Por su parte, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha restado importancia al conflicto jurídico y ha afirmado que en la Comunidad de Madrid “no se le deniega a nadie el aborto en los supuestos legales”.
En declaraciones a los medios durante un acto en el Hospital Ramón y Cajal, Matute ha calificado la polémica de “debate estéril” y ha defendido que el sistema sanitario madrileño garantiza tanto la prestación del servicio como la libertad de objeción de conciencia de los profesionales.
La consejera ha insistido en que el Ejecutivo regional cumplirá la ley y recurrirá la medida cautelar adoptada por el tribunal, al tiempo que ha destacado que uno de cada cinco abortos realizados en España se practica en la Comunidad de Madrid, y que una parte significativa corresponde a mujeres procedentes de otras comunidades autónomas.
Matute también ha instado al Ministerio de Sanidad a centrarse en otros problemas del sistema sanitario, como la huelga indefinida de médicos o la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud.
