La Asamblea de Madrid ha cerrado esta semana hasta septiembre un curso atípico, en el que no se ha logrado aprobar ninguna ley ni tampoco los presupuestos regionales, en un periodo de sesiones más corto de lo habitual a causa del coronavirus.
Con tan solo 26 plenos ordinarios celebrados desde octubre a julio, debido al cierre del Parlamento madrileño durante cinco semanas por la crisis sanitaria, la Asamblea clausura un periodo de sesiones de parálisis legislativa, en el que solo se ha debatido el proyecto de ley del Gobierno de PP y Ciudadanos de rebajas fiscales, que tumbó VOX.
Las diferencias entre Ciudadanos y Vox impidieron a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aprobar las deducciones impositivas en el tramo autonómico del IRPF que beneficiarían a jóvenes, estudiantes y familias con dependientes a su cargo.
Vox condicionó su apoyo al proyecto de ley de rebajas fiscales a un recorte en subvenciones, pero Ciudadanos lo rechazó.
Ante esas dificultades para alcanzar acuerdos, Ayuso decidió prorrogar los presupuestos en 2019 y tiene pendiente abrir la negociación de las cuentas públicas regionales, que pretende iniciar en el próximo periodo de sesiones.
En las últimas semanas, la presidenta madrileña ya ha abierto la puerta a reducir el número de Consejerías del Gobierno, una de las exigencias de Vox.
En cuanto a las leyes propuestas por los grupos, solo se ha iniciado la tramitación de dos, una del PSOE sobre publicidad institucional, y otra de Unidas Podemos de profundización democrática que plantea, entre otras medidas, limitar a un máximo de ocho años el mandato de los miembros del Gobierno regional, tanto presidente como consejeros.
Ambas fueron aprobadas antes de la explosión de la pandemia en la región, que motivó el 13 de marzo el cierre forzado de la Asamblea de Madrid durante mes y medio.
Hasta el 14 de abril el Parlamento madrileño no retomó su actividad, con la comparecencia telemática del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y el 24 de abril regresaron los plenos a la Cámara madrileña.
Las sesiones de control al Gobierno se reanudaron de forma presencial ese día, tras un intento fallido de realizarlo de forma telemática por videoconferencia, y desde entonces, todas las semanas se ha celebrado un pleno en la Cámara regional, además de una comparecencia de Ayuso el 29 de abril para explicar su gestión de la crisis sanitaria.
El curso parlamentario comenzó con las miradas puestas en la presidenta madrileña con el arranque de la comisión de Avalmadrid y acaba con el foco puesto en su gestión de la pandemia, muy criticada por la izquierda debido al gran impacto del coronavirus en las residencias, donde han fallecido 5.987 ancianos con Covid-19 o sospecha de padecerlo.
La comisión de investigación que arrancó por la concesión de un aval de Avalmadrid en 2011 por valor de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de Ayuso, iba a convertirse en el centro de las críticas de la izquierda a la presidenta, pero el coronavirus ha trastocado toda la agenda parlamentaria, y no se ha vuelto a celebrar una sesión desde que se reanudara en abril la actividad.
Solo se han celebrado las comisiones parlamentarias ordinarias y las primeras sesiones de la comisión de estudio para la recuperación económica y social de la Comunidad de Madrid tras la COVID-19, que comenzó en julio y tiene plazo de dos meses para desarrollar sus trabajos, sin perjuicio de prórroga.
Será en septiembre cuando arranque la recién creada comisión que investigará la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid en las residencias en los meses de marzo a junio, y a la que podría acudir la propia Ayuso, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, los consejeros de Políticas Sociales y Sanidad, y miembros del Gobierno de la nación, como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, o José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid.
Tras el verano, la Mesa de la Asamblea tendrá que fijar el calendario de la actividad parlamentaria del próximo curso, con 24 comisiones parlamentarias activadas, una de ellas a la espera de poder arrancar, la comisión de estudio para abordar el reto demográfico y la despoblación en la Comunidad de Madrid, y que el PP ha pedido activar.