La Comunidad recurre al Supremo el Plan de Vivienda de Sánchez

El Ejecutivo de Ayuso recurre el programa estatal por invadir competencias y quintuplicar el gasto exigido a las arcas regionales.

Ofensiva jurídica de la Puerta del Sol contra las políticas residenciales de Moncloa. La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Estatal de Vivienda 2026/30 aprobado por el Gobierno central, al considerar que la norma vulnera las competencias autonómicas e invade de forma flagrante ámbitos reservados por ley a las regiones.

Un diseño financiero "profundamente injusto"

El recurso, redactado por la Abogacía General regional, pone el foco en la asfixia económica que el nuevo marco legislativo impone a las autonomías. El plan general cuenta con una dotación global de 7.000 millones de euros —el triple que el anterior—, de los cuales 1.113 millones corresponden a Madrid. Sin embargo, el Estado obliga ahora a las comunidades a asumir el 40% de la inversión frente al 25% de los planes previos. El consejero del ramo, Jorge Rodrigo, ha tachado el plan de "propagandístico" y "profundamente injusto", denunciando que para las arcas madrileñas la aportación obligatoria se quintuplica respecto al anterior ejercicio.

Desde la perspectiva de la libre gestión presupuestaria, la ordenación del suelo y la estabilidad del mercado inmobiliario, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ampara en un reciente dictamen del Consejo de Estado. Dicho órgano consultivo advierte de que la cofinanciación forzosa dictada por el Consejo de Ministros constituye **una injerencia excesiva en la autonomía financiera de las regiones**, restringiendo su capacidad de autoorganización y obligándolas a acatar criterios uniformes que ignoran la realidad demográfica y social de cada territorio.

Choque por el control de los pisos protegidos

Otro de los grandes motivos de fricción jurídica radica en la letra pequeña sobre el régimen de permanencia del parque inmobiliario subvencionado.

El recurso impugna la obligación de establecer una protección permanente para determinadas viviendas que reciban ayudas públicas. El Ejecutivo regional alega que esta exigencia excede las competencias del Estado, tal y como ya ha dictaminado el Tribunal Constitucional, lo que generará una enorme inseguridad jurídica y obligará a modificar normativas locales ya consolidadas. Madrid rechaza además que la transferencia de los fondos estatales quede condicionada al cumplimiento de directrices de publicidad institucional o actos públicos, acusando al Gobierno central de buscar una "utilización partidista" de los recursos destinados al acceso a la vivienda.